Aprueban séptimo plazo para que alisten estudios del proyecto de agua

El pasado 30 de diciembre, el Concejo Distrital le aprobó a la alcaldesa Virna Johnson, facultades para embargar los recursos de Santa Marta, durante 30 años, a fin de financiar el proyecto que presentó, y con el cual promete la solución definitiva al desabastecimiento de agua.

El proyecto en cuestión devenga recursos por 1.7 billones de pesos, y fue ampliamente criticado pues, además de tramitarse en tiempo récord, le faltaban estudios técnicos, licencias ambientales y su aprobación se aseguró al presentarse en la Comisión Segunda, que atiende proyectos ambientales, y no en la Comisión Tercera, que analiza las iniciativas de orden económico, pese al astronómico costo para las finanzas públicas.

Ahora, se conoce, que los cuestionamientos sobre un proyecto que fue aprobado, pese a estar inconcluso, no eran falsas, tal como argumentó en su momento la administración distrital y departamental.

El pasado 28 de febrero, se aprobó una séptima prórroga al contrato suscrito entre  Aguas del Magdalena con la empresa Sanear S.A, a quien se le otorgó 12.498 millones de pesos para “contratar consultoría para la elaboración de los estudios y diseños para el sistema de acueducto denominado El Curval”.

El contrato en sí, fue firmado el 30 de julio de 2021, y el contratista tenía plazo de entregar los diseños hasta el 1 de junio de 2022.

Pero, luego pidió una nueva prórroga hasta el 14 de septiembre de 2022. Este mismo día se dio un segundo plazo que iba hasta el 31 de octubre de ese año.

Nuevamente, justo en la fecha límite, se extendió el contrato hasta el 15 de diciembre de 2022.

En esta fecha, aún Sanear, cuyo representante legal se identifica como Luis Aníbal Espinal Ramírez, no tenía listos los diseños prometidos, por lo que sin ningún tipo de presión para que cumpliera el contrato, la empresa de agua potable, aseo y alcantarillado del Magdalena, subordinada a la Gobernación, le otorgó un nuevo plazo por un mes.

Pero, el 15 de enero, se volvió a incumplir. Así que se otorgó una quinta extensión hasta el 30 de enero de 2023.

Este día, con un silencio absoluto del gobernador Carlos Caicedo y la alcaldesa Virna Johnson, se dio un sexto plazo determinado para el 28 de febrero de 2023.

Para esta fecha, Sanear S.A aseguró que ya la Consultoría e Interventoría “entregó la totalidad de los productos debidamente aprobados para el trámite de pago”.

Palabras más, palabras menos, ya tenían listos los estudios que prometieron hacía dos años atrás, aunque el primer contrato fijaba su entrega en un plazo no mayor a nueve meses.

No obstante, la sexta vez no fue la vencida.

El contratista explicó que aunque entregaron los estudios, aún había un proceso que surtir,, y era la validación y recibo a satisfacción de los productos. Es decir, que los diseños entregados fueran revisados para asegurarse que están ajustado a lo que necesita la ciudad, y más aún, tienen viabilidad.

De esta forma, aún no se sabe si los diseños de la EB Guachaca, Rebombeo 1 y 2, el Tanque de Carga, el diseño de las Actividades Transversales y del proyecto El Curval, son viables.

Por esta razón, el gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, a través de Aguas Magdalena, otorgó de forma benevolente, un séptimo plazo que va hasta el 31 de agosto de 2023.

Con esta nueva prórroga, ya se debe contar con la viabilidad de los estudios.

“Siempre hemos dicho la verdad”

Durante la sesión de ese 30 de diciembre de 2022, los concejales Jorge Yesid Ospino, Ingrid Gómez, Chema Mozo, Pedro Gómez, Efraín Lozano, Julio Manuel Carbonó y Marta García, se retiraron del recinto en desacuerdo con la inminente aprobación de tal proyecto.

Tal como expresaron en su momento, se negaban a tramitar un proyecto de agua billonario, que aún no tenía viabilidad, ni estudios terminados que pudieran contemplar si quiera, un presupuesto real.

Recomendamos leer: Siete concejales se retiran del recinto para no participar en aprobación de 1.7 billones
 

Ante la nueva prórroga, la concejal Marta García se expresó:

“Siempre hemos dicho la verdad, era un proyecto sin terminar, inacabado. Ellos entregaron ahora los productos que no tienen ni la aprobación ni la viabilidad, quisiera ver al Ministerio de Vivienda darle viabilidad técnica o a Corpamag dando los permisos ambientales. Es un mamarracho de proyecto en el que se cogió las alternativas que estaban en otros estudios, y se pegaron unos con otros” indicó a Seguimiento.co.