Empresa fachada creada en Santa Marta fue la cuota de desfalco al ICBF en La Guajira

En las últimas horas, servidores de policía judicial de la Dirección Nacional de Seccionales y de Seguridad Ciudadana capturaron a cuatro personas que presuntamente habrían participado en el millonario desfalco de $2.217.066.931 al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en La Guajira.

Con base en las denuncias recibidas por las irregularidades presentadas en la contratación del ICBF para la atención integral a la primera infancia, la Fiscalía Cuarta Especializada de la Estructura de Apoyo del departamento guajiro inició la investigación que permitió establecer que el objetivo de la contratación era la atención de niños y niñas menores de cinco años o hasta su ingreso a transición, así como para madres gestantes y lactantes, para lo cual fue destinada la suma de 141 mil millones de pesos, de los cuales se adjudicaron $77.665.389.362 mediante convocatoria a 73 operadores.

A través de la celebración de 106 contratos se pretendía beneficiar a 27.000 usuarios con dos modalidades; la primera denominada Modalidad Familiar, dirigida a esta población con el fin de suministrarle refrigerios, charlas y un mercado familiar mensual, y la otra, la Modalidad Centro de Desarrollo Infantil (CDI), que se lleva a cabo en dichos centros y cuyo fin es brindarles desayuno, almuerzo y un refrigerio a los menores hasta los 5 años de edad.

No obstante, al realizar las verificaciones y peritajes contables que se centraron en uno de los operadores conocido como Fundación un Mejor Vivir, con el cual el ICBF celebró los contratos 375 y 383 de 2015, por valores de más de cinco mil millones cada uno; se determinó que los mismos fueron cobrados de manera fraudulenta con la creación de falsos cupos para beneficiarios inexistentes; pues se estableció el registro de 304 niños de quienes no se pudo comprobar su existencia de acuerdo con la información suministrada por la Registraduría Nacional, y que recibían los servicios del programa.

Otra de las irregularidades que se evidenció fue la alteración y falsificación de firmas que supuestamente respaldaban cuentas de cobros de refrigerios, servicios de transporte y logística, así como aparentes pagos de viáticos al personal que prestaba el servicio de acompañamiento. La defraudación solo en este aspecto fue de $695.000.000.

Además, se determinó que hubo un sobrecosto en la compra de mercados, papelería y elementos de aseo, cercano a los $1.500.000.000.

Por estos hechos, el CTI materializó la captura de Maria Isbelda Hernández Roys, servidora del ICBF; Yiseth Fince Bravo, contadora de la Fundación un Mejor Vivir; Ramiro Lizarazo, encargado de la provisión de refrigerios y mercados; y Robinson Antonio Román Dávila, creador de una empresa fachada.

Román Dávila supuestamente creó la empresa fachada en Santa Marta (Magdalena), de suministros de papelería, los cuales eran vendidos a la fundación con sobrecostos. Al parecer entregaba facturas correspondientes a la entrega de los pedidos pero que nunca fueron entregados físicamente, indica la Fiscalía.

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