La Contraloría denuncia irregularidades en adjudicación de tierras: solo el 12% llegó a campesinos
La Contraloría General de la República alertó sobre presuntas irregularidades en la gestión de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), que han obstaculizado el acceso de comunidades rurales a terrenos destinados a la Reforma Rural Integral. Según el informe, solo el 12% de las tierras adquiridas llegó efectivamente a campesinos beneficiarios, lo que ha generado graves impactos económicos y sociales en el sector agropecuario.
El organismo de control estimó un detrimento fiscal cercano a los 160.000 millones de pesos, producto de compras indebidas y fallas en la administración de los predios. "La lenta adjudicación de terrenos perjudica directamente a las comunidades rurales y afecta su desarrollo productivo", advirtió la Contraloría.
Entre los principales hallazgos se destaca la adquisición de predios con suelos inapropiados para actividades agropecuarias. Más del 50% de algunas fincas corresponde a suelos de clase VII, que presentan limitaciones severas para cultivos y ganadería. Esta situación contraviene las normas que prohíben adquirir terrenos con más del 20% de su superficie en suelos de clase VII y VIII.
Además, se identificaron predios con humedales que abarcan hasta el 30% de su extensión, lo que dificulta aún más su aprovechamiento agrícola. "Estas tierras no solo incumplen las condiciones técnicas necesarias, sino que limitan el desarrollo de las comunidades que dependen de ellas", subrayó el informe.
Otro aspecto crítico es la ocupación ilegal de predios adquiridos por la ANT. Según la Contraloría, la falta de diligencia en la recuperación material de estos terrenos ha generado un posible detrimento patrimonial de 5.646 millones de pesos.
El informe advierte sobre la urgencia de corregir estas deficiencias para garantizar que la Reforma Rural Integral cumpla su objetivo de mejorar las condiciones de vida de las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes. Por su parte, la ANT aún no ha emitido una respuesta oficial frente a las denuncias presentadas por el ente de control.
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