¿Meritocracia o politiquería? El concurso de Contralor en Magdalena comienza con inconsistencias

La entidad señaló la evidente falta de mantenimiento preventivo y correctivo, lo que será objeto de análisis por parte de los auditores designados.
A enero de 2025, la deuda del Estado con el sector asciende a $7,6 billones.
Un informe del ente de control revela suelos inadecuados, ocupaciones ilegales y un detrimento fiscal de $160.000 millones en el proceso de Reforma Rural Integral.
La entidad instó una vez más al Gobierno Nacional a tomar las medidas necesarias para evitar un racionamiento de energía en el país.
El contratista beneficiado con el polémico contrato, curiosamente, hizo aportes a la campaña del diputado Rafael Noya, quien lo adjudicó. ¿Devolviendo favores?
La celebración, que se llevará a cabo del 20 al 26 de noviembre, tiene en su nómina a artistas como Silvestre Dangond, Poncho Zuleta y Jorge Celedón.
Una de las razones son los retrasos en el pago de subsidios a las empresas proveedoras de electricidad por parte del Gobierno Nacional.
La Contraloría también imputó a Jenny Camacho Neuto, exjefe de la Oficina de Contratación del Magdalena, y a Jorge Bernal Conde, exsecretario seccional de Salud del departamento.
Además, los estudiantes de la institución educativa tendrán la oportunidad de realizar sus prácticas profesionales en este organismo de control.
Quienes deben esta millonaria suma de dinero son las EPS, la Gobernación y Alcaldía de Santa Marta.
Omar Avendaño es un militante ´pura sangre’ de Fuerza Ciudadana, contratista de vieja data y ahora, el contralor encargado de adelantar sanciones por la pérdida de casi $10.000 millones a manos de Rafael Martínez y Virna Johnson.
En el caso de Santa Marta, son algunas comunidades indígenas las que se han visto afectada por esa situación.
La entidad no dispondría de la infraestructura ni de los recursos necesarios para llevar a cabo esta tarea.
En un informe de 70 páginas, la Contraloría mostró uno a uno los incumplimientos en el millonario contrato: soportes inexistentes, y visto bueno a actividades que nunca se hicieron.
El ente de control encontró un sobrecosto de 7.760 millones de pesos e inconsistencias en el proceso de contratación.
Según comunicado de la Ungrd, fue el propio Presidente quien solicitó enfáticamente que Olmedo López siguiera en el cargo.