La Contraloría denuncia irregularidades en adjudicación de tierras: solo el 12% llegó a campesinos

La entidad instó una vez más al Gobierno Nacional a tomar las medidas necesarias para evitar un racionamiento de energía en el país.
El contratista beneficiado con el polémico contrato, curiosamente, hizo aportes a la campaña del diputado Rafael Noya, quien lo adjudicó. ¿Devolviendo favores?
La celebración, que se llevará a cabo del 20 al 26 de noviembre, tiene en su nómina a artistas como Silvestre Dangond, Poncho Zuleta y Jorge Celedón.
Una de las razones son los retrasos en el pago de subsidios a las empresas proveedoras de electricidad por parte del Gobierno Nacional.
La Contraloría también imputó a Jenny Camacho Neuto, exjefe de la Oficina de Contratación del Magdalena, y a Jorge Bernal Conde, exsecretario seccional de Salud del departamento.
Además, los estudiantes de la institución educativa tendrán la oportunidad de realizar sus prácticas profesionales en este organismo de control.
Quienes deben esta millonaria suma de dinero son las EPS, la Gobernación y Alcaldía de Santa Marta.
Omar Avendaño es un militante ´pura sangre’ de Fuerza Ciudadana, contratista de vieja data y ahora, el contralor encargado de adelantar sanciones por la pérdida de casi $10.000 millones a manos de Rafael Martínez y Virna Johnson.
En el caso de Santa Marta, son algunas comunidades indígenas las que se han visto afectada por esa situación.
La entidad no dispondría de la infraestructura ni de los recursos necesarios para llevar a cabo esta tarea.
En un informe de 70 páginas, la Contraloría mostró uno a uno los incumplimientos en el millonario contrato: soportes inexistentes, y visto bueno a actividades que nunca se hicieron.
El ente de control encontró un sobrecosto de 7.760 millones de pesos e inconsistencias en el proceso de contratación.
Según comunicado de la Ungrd, fue el propio Presidente quien solicitó enfáticamente que Olmedo López siguiera en el cargo.
Los diputados Martha García, Yohan Pinedo y Ángela Cedeño radicaron una denuncia ante la Contraloría puesto que aunque se pagó el 80% del dinero, no hay ni un solo predio titulado.
Esta entidad actuará como mediador, buscando hacer una valoración sobre flujo de recursos del sistema: lo que le deben las EPS a las IPS y lo que adeuda el Estado.
Por su parte, el Contralor negó proferir algún tipo de amenaza, y aseguró que es él quien es objeto de hostigamientos constantes.