Los baños de $30 millones que tienen a la Asamblea en el ojo de la Contraloría

Recientemente, la Contraloría del Magdalena llevó a cabo una Auditoría de Cumplimiento a la Gestión Contractual de la Asamblea Departamental para el periodo 2023. En ella, se detectó una serie de irregularidades en varios contratos suscritos entre la Corporación y particulares o empresas.

La auditoría puso su atención en primer lugar sobre la ejecución del contrato 134 de 2023, firmado con la empresa JBA Construcciones y Consultorías de Proyectos S.A.S. Este tenía como objeto la remodelación de los baños en las instalaciones de la Asamblea, inicialmente valorado en $19.667.019, pero que fue incrementado con una adición de $9.773.855, alcanzando un total de $29.440.873.

Según el informe del ente, el contrato incumplió los principios de planeación establecidos en la Ley 80 de 1993 y el Decreto 1082 de 2015, ya que no contó con los estudios técnicos y jurídicos necesarios. Además, se cuestionó la pertinencia de invertir recursos públicos en un bien inmueble que no es propiedad de la Asamblea.

La auditoría también identificó gastos administrativos por $4.174.365 e imprevistos por $695.727, lo que sumó un total de $4.870.092. La Contraloría determinó que estos rubros no estaban debidamente soportados en el expediente contractual, lo que podría constituir un presunto daño al patrimonio público. Estos hechos vulneran los principios constitucionales que prohíben las donaciones o auxilios injustificados por parte de entidades estatales.

Se señaló como presuntos responsables al expresidente de la Asamblea, Rafael Noya García; al secretario general, José Fernández de Castro; y al representante legal del contratista, Jhon Jairo Buendía Alarcón.

Respecto a los cuestionamientos sobre los rubros de administración e imprevistos, la Asamblea presentó informes proporcionados por el contratista.

Según estos documentos, los gastos imprevistos incluyeron trabajos adicionales como el desmonte de puertas existentes, arreglos de filos y acabados en obra blanca, que, según el contratista, no fueron contemplados inicialmente, pero eran necesarios para finalizar el proyecto.

El contratista explicó que los costos indirectos englobaban gastos operativos esenciales, como supervisión de obra, planificación y facturación, justificando así la inclusión de estos ítems. Asimismo, defendió la legalidad del proceso contractual, mencionando que el contrato cumplió con los requisitos de invitación pública y los análisis de mercado exigidos por la normativa de contratación estatal.

Por su parte, Noya refutó las acusaciones, afirmando que el contrato se realizó bajo los principios de planeación y transparencia. Además, sostuvo que la inversión se ajustó al presupuesto de la Asamblea para la vigencia de 2023 y que los estudios previos respaldaban el valor del contrato.

¿Devolviendo favores? Noya y su relación previa con el contratista

Según el portal Cuentas Claras, la empresa JBA Construcciones y Consultorías S.A.S. realizó una donación de $20.000.000 a la campaña de Noya, una cifra similar al valor del contrato con la Asamblea, y un poco más de nueve millones que se le adicionaron posteriormente.

Por otro lado, Jhon Jairo Buendía Alarcón, representante legal de la empresa, donó $273.000, según el Acta Nro 025, y fue contratado por la Corporación a través del contrato 127 de diciembre de 2023, cuyo valor fue de $4.500.000.

Esta contratación genera dudas sobre la transparencia del proceso, dado que Noya, al ser presidente de la corporación, tiene a disposición los recursos de la misma.

Contrato con la Corporación Codesmag: Anticipo no amortizado

La Contraloría también halló irregularidades en el Contrato de Prestación de Servicios No. 038/2023, firmado con la Corporación para el Desarrollo Social CODESMAG, representada por Sharol Mercedez Cortez Miranda, para la realización de la X Cumbre Nacional de Presidentes y Consejos Directivos de Mesas Directivas y Secretarios de Asambleas Departamentales en el Magdalena.

Este contrato, con un valor inicial de $150.000.000 y una vigencia desde el 14 de abril hasta el 27 de diciembre de 2023, fue objeto de fiscalización debido a diversas irregularidades en su ejecución. Una de las principales fue el anticipo del 50% del valor total del contrato, es decir, $75.000.000, otorgado sin la debida justificación financiera y jurídica, lo cual contraviene la normativa sobre gestión de anticipos, según el Decreto 1082 de 2015.

La auditoría concluyó que el anticipo no fue amortizado adecuadamente a lo largo de la ejecución del contrato y que no se presentó un informe técnico de supervisión, lo que afectó la transparencia y la evaluación del cumplimiento de las obligaciones del contratista.

La CGDM determinó que estas irregularidades podrían haber generado un detrimento patrimonial para el Departamento del Magdalena. 

Aportes a la seguridad social 'engañosos'

La auditoría realizada sobre el proceso de contratación Mínima Cuantía No. 027/2023, cuyo objetivo fue la adquisición de elementos para el mejoramiento de la funcionalidad del recinto de sesiones de la Asamblea Departamental del Magdalena, reveló serias irregularidades en los aportes a la seguridad social por parte del contratista Francisco Gaviria Quintero.

El valor inicial del contrato fue de $30.446.150, con un plazo de ejecución de 15 días. Según la normativa vigente, los contratistas independientes deben realizar aportes a la seguridad social basados en un Ingreso Base de Cotización (IBC) mínimo equivalente al 40% del valor mensualizado del contrato, sin que este sea inferior al salario mínimo ni superior a 25 salarios mínimos mensuales. En este caso, el IBC mínimo que debió ser tomado en cuenta para calcular los aportes fue de $12.178.460.

A partir de este IBC, se calcularon los aportes correspondientes a salud, pensión y al fondo solidario de pensión. El aporte a salud correspondía al 12.5% del IBC, lo que resultaba en un pago de $1.522.308; el aporte a pensión, equivalente al 16%, ascendía a $1.946.994; y finalmente, el fondo solidario de pensión debía recibir el 0.25%, es decir, $30.446. Por lo tanto, el total de los aportes requeridos era de $3.499.748.

Sin embargo, la auditoría detectó que el contratista presentó una planilla con un aporte inferior al requerido, realizando un pago de solo $426.200, lo que dejó una diferencia de $3.073.548.

En sus descargos, el contratista reconoció que la planilla presentada inicialmente contenía un “error humano”. Tras revisar la documentación, presentó una nueva liquidación que cumplía con los requisitos legales. Aseguró que no hubo intención de evadir los pagos y manifestó su disposición a responder por cualquier inquietud relacionada.

La auditoría concluyó que, aunque hubo un incumplimiento en los pagos iniciales, este podría ser subsanado, ya que el contratista corrigió la irregularidad y presentó los pagos correspondientes. No obstante, se subraya que la Asamblea Departamental del Magdalena también tiene responsabilidad en verificar que los contratistas cumplan con todas las obligaciones legales, incluidos los pagos a la seguridad social.