La Contraloría denuncia irregularidades en adjudicación de tierras: solo el 12% llegó a campesinos
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El agente interventor denunció contratos incumplidos, falsos mantenimientos y pérdidas en la normalización eléctrica, afectando la calidad del servicio en Atlántico, Magdalena y La Guajira.
El contratista beneficiado con el polémico contrato, curiosamente, hizo aportes a la campaña del diputado Rafael Noya, quien lo adjudicó. ¿Devolviendo favores?
Hasta el momento la exministra del presidente Petro, no aceptó los cargos por presuntas irregularidades en un millonario contrato.
Quien fuese jefe de Control Interno del Hospital Julio Méndez, y militante de Fuerza Ciudadana, entabló una denuncia ante la Fiscalía en contra del gobernador Rafael Martínez.
La Personería solicitó la suspensión inmediata de recursos adicionales a Conlus, puesto que violaba los topes legales, sin que además, hubiese un seguimiento contractual u operativo.
El alcalde hizo graves denuncias sobre los hallazgos en las anteriores administraciones.
La medida de la Procuraduría se debe a la indebida inversión de aproximadamente $3.565 millones financiados con recursos de regalías.
Al parecer las funcionarias habrían expedido resoluciones sin fundamento legal con el objeto de cobrar coactivamente cerca de $ 1.000 millones a una EPS.
En un informe de la Personería quedaron expuestos algunas irregularidades que motivaron la suspensión de la gerente nombrada por el caicedismo.
La Procuraduría señaló a la actual jefe de contratación de la Gobernación y a su antecesor, por la no prestación del servicio de alimentación que afectó a más de 100 mil niños.
Por 85 días la Alcaldía expidió un contrato cercano a los $400 millones, para transporte estudiantil. Los vehículos registrados en el documento son distintos a los que prestan el servicio.
Entre las falencias, el Ministerio Público encontró que algunos colegios no disponen de espacios adecuados para la preparación de los alimentos.
La alcaldesa, dependiente política del Gobernador investigado, omitió visitar o referirse al CDI de Bonda, que está en ruinas.
Aseguran que, a raíz de las denuncias, la Alcaldía se ha encargado de cubrir los verdaderos problemas con arreglos que parecen maquillaje.
La Essmar adivirtió las consecuencias por el delito de Defraudación de Fluidos Eléctricos.
Los hallazgos fiscales se remontan al periodo entre 2018 y 2020, en todo el país.