Más escándalos en Pivijay: Así es el transporte escolar ‘de lujo’ contratado

El pasado 9 de septiembre, la Procuraduría General de la Nación abrió investigación contra funcionarios de la Alcaldía de Pivijay, luego que Seguimiento.co denunciara posibles irregularidades en el contrato de adjudicación del Programa de Alimentación Escolar, que además de las graves quejas por inconsistencias, apareciera registrado a nombre de un representante legal que en realidad, laboraba como domiciliario en droguerías.

Sin embargo, no es el único caso que tiene a la administración municipal en el ojo público.

El equipo periodístico de Seguimiento.co, conoció las denuncias hechas por miembros de la comunidad, sobre el deplorable estado en el que se encuentra el transporte escolar contratado para llevar a los estudiantes que viven en la zona rural, hacia sus instituciones educativas.

Si bien era una contratación que la población rural pedía a gritos, al revisar el contrato y contrastarlo con el servicio prestado, hay serias inconsistencias.

Condiciones del contrato

El 9 de junio fue la fecha de inicio del contrato adjudicado a la Cooperativa de Transportes del Magdalena, Cootransmag, por un valor que supera los $389 millones.

Este tiene un tiempo de ejecución de 85 días, pero no tiene dato exacto de terminación, pues se determina su cierre “para la fecha en la que se reciba el acta final”.

Se estipuló que Cootransmag atendería un total de 15 rutas durante los días de jornada escolar, transportando un promedio de 457 alumnos que residen en las veredas más alejadas, hacia las instituciones donde reciben sus clases.

No obstante, para prestar este servicio, tal como lo determina la ley, se exigieron requisitos mínimos.

La mayoría de las condiciones, están referidas al estado de los vehículos que transportan a los niños, niñas y jóvenes.

En primera instancia se señala que se realizará en buses, camionetas vans, busetas y microbuses “los cuales deberán estar en muy buenas condiciones, cuyos modelos no podrán ser inferiores al año 2017, con personal idóneo en conducción de este tipo de vehículos”.

Asimismo, en las condiciones técnicas mínimas de ejecución del contrato, también se dice que “el conductor debe disponer de un sistema de comunicación bidireccional” y tiene que contar con pólizas de seguros vigentes, tales como Soat, responsabilidad civil y revisión tecnomécanica.

Y, además, se debe estar al día con la contratación de los conductores y los monitores, que según establece el Ministerio de Transporte son obligatorios en la prestación del servicio, puesto que son ellos los encargados de verificar que aborden los estudiantes, que sean dejados en sus lugares de destino y que además, sean transportados con sus cinturones de seguridad.

En el contrato, todas estas condiciones se cumplen, es más, los vehículos que registró Cootransmag para ganarse la licitación, señalan que son del año 2021, cuentan con los papeles al día y el personal humano es el más idóneo.

Pero la realidad dice otra cosa.

¿Condiciones de papel?

 Seguimiento.co pudo constatar que el transporte escolar de lujo que contrató la Alcaldía de Pivijay, solo existe en el papel.

En la actualidad, son vehículos viejos, sin seguros vigentes, los que están atendiendo el servicio de transporte escolar.

Tal ha llegado el incumplimiento, que han sido motocarros los que están atendiendo algunas rutas, violando así todas las condiciones contratadas y poniendo en riesgo la vida de los estudiantes.

Estas denuncias incluso fueron ampliadas por parte del abogado Ángel de la Rosa, que solicitó un informe de cumplimiento parcial del contrato, el que según sus palabras, fue negado por parte del gobierno del alcalde Roberto Pérez Varela.

Asimismo, al conocer el estado de contratación de conductores y monitores, no hay contratos vigentes pues los últimos que aparecen corresponden al año 2021.

Por si fuera poco, tal como lo explicó De La Rosa a Seguimiento.co, los conductores referidos en el contrato, tampoco son los que están transportando a los menores. Y, en cambio de responder las inconsistencias, desde las oficinas de la administración municipal se ha expresado que los cuestionamientos corresponden a ataques para  que el servicio no siga prestándose, hecho que no correspondería a la verdad.

Lo más preocupante es que al inicio de este mes, en medio del escándalo de la adjudicación del PAE, el concejal Juan Carlos Mena ya había denunciado esta situación, y se presume que “favores políticos” estarían inmersos en medio de las irregularidades denunciadas.