Gobierno Petro alista proyecto para ampliar beneficios a cabecillas de grupos ilegales

El Gobierno Nacional, en cabeza del presidente Gustavo Petro, estaría preparando una propuesta legislativa que modificaría la actual Ley de Justicia y Paz.

La iniciativa, que podría ser radicada este 20 de julio al inicio de la nueva legislatura, busca ampliar los beneficios judiciales para líderes de organizaciones criminales que decidan acogerse a la justicia.

Según reveló el diario El Tiempo, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, trabaja en los últimos ajustes del articulado, cuyo propósito es actualizar la normativa creada en 2005 durante el proceso de desmovilización de los grupos paramilitares.

Entre los cambios más significativos se contempla permitir que cabecillas de estructuras narcotraficantes y bandas armadas organizadas accedan a penas reducidas —de entre cinco y ocho años—, siempre que cumplan con una serie de requisitos.

Entre esas condiciones se incluyen: la entrega total de armas y bienes obtenidos ilegalmente, la liberación de menores de edad reclutados, el compromiso de cesar cualquier actividad delictiva, la participación en procesos de transformación territorial y la obtención de una certificación de buena conducta emitida por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.

De ser aprobado, el proyecto podría beneficiar a jefes de organizaciones como el Clan del Golfo —incluido alias ‘Chiquito Malo’—, líderes de bandas urbanas e incluso integrantes de disidencias de las extintas FARC. Una de las críticas que ha generado preocupación es que no se haría un análisis individualizado de cada caso, lo que permitiría que personas con graves antecedentes accedan a estos beneficios sin distinción por la magnitud de sus delitos.

Además, la propuesta incluiría la suspensión de extradiciones para quienes se sometan, siempre y cuando los delitos se hayan cometido antes del 31 de diciembre del año pasado. Parte de los bienes entregados por los postulados serían destinados a la reincorporación, a la reparación de víctimas y a proyectos sociales.

El borrador del proyecto será nuevamente evaluado este viernes, en medio de los cuestionamientos que ya ha generado en distintos sectores, incluyendo voces de advertencia desde el Gobierno de Estados Unidos.