Gobernación bajó la cabeza: reconoció que no pidió permisos para concierto en el Polisur

Luego de intentar, por segunda vez en menos de diez días, montar un espectáculo masivo sin cumplir con los requisitos legales, la Gobernación del Magdalena terminó reconociendo su error y acudiendo —ya tarde— ante la Alcaldía de Santa Marta para solicitar los permisos exigidos por Ley.

La noche de este jueves, la administración distrital denunció que funcionarios departamentales comenzaron a levantar estructuras en la cancha del Polisur, sin haber gestionado ni uno solo de los trámites exigidos por el decreto 137 de 2012, irónicamente firmado en su momento por el entonces alcalde Carlos Caicedo, hoy jefe político del gobernador Rafael Martínez.

El evento, que pretendía realizarse este viernes 20 de junio como acto de “inauguración” de tramos viales del programa Mi Calle, incluiría una presentación de la artista Ana del Castillo. Sin embargo, no contaban con los permisos de entidades necesarias y tampoco habían respondido los requerimientos enviados previamente por la Alcaldía.

“Además de que no cumplieron la norma, iniciaron el montaje de las estructuras de forma ilegal y a las malas”, señaló la administración distrital, que procedió a reportar el hecho ante la Policía Metropolitana y la Procuraduría General.

En un giro inesperado, la misma Alcaldía informó en la mañana de este viernes, en su cuenta de X que la Gobernación reconoció su falta y envió delegados que aceptaron no haber gestionado los permisos, por lo que iniciaron el trámite de regularización. “Si cumplen los requisitos, el permiso será emitido”, añadió el Distrito.

Esta es la segunda ocasión en apenas una semana en que el Gobierno departamental intenta realizar montajes públicos sin autorización. El pasado 13 de junio, también fue desmontada una tarima en el barrio Mamatoco, tras comprobarse que no había póliza de responsabilidad civil, plan de manejo de tráfico ni permisos de las autoridades competentes.

En esa ocasión, la reacción del gobernador Rafael Martínez fue acusar al alcalde Carlos Pinedo de “enemigo de la clase popular” y alegar persecución política, desviando el foco de lo esencial: las obligaciones legales que debe cumplir cualquier entidad, incluso la que dirige el departamento.

Los hechos recientes evidencian que más allá de los discursos, la ley es para todos, y que en Santa Marta, al menos por ahora, el show sin permiso no va.