Contraloría descubrió hallazgos fiscales por $734 millones en el gobierno del ‘Mello’ Cotes

Con hallazgos fiscales por $14.823 millones de pesos, concluyó una Actuación Especial de Fiscalización de la Contraloría General de la República orientada a verificar el manejo de los recursos públicos en plataformas tecnológicas destinadas a sectores de educación y salud.

Estas plataformas son activos estratégicos que, de haber estado en pleno funcionamientos, hubieran contribuieo a superar las barreras tecnológicas que impuso el covid-19. Así, por ejemplo, un proyecto de historia clínica centralizada en el departamento de Risaralda, que no ha resultado funcional, habría servido para monitorear de mejor manera los pacientes de covid-19.

Y en el tema de educación, en los departamentos de Caquetá y Magdalena, se hicieron unas inversiones en plataformas educativas que hoy no están funcionando, por lo que los estudiantes de estas regiones no las pueden utilizar y, cuando le es posible, tienen que recibir clases virtuales en sus casas, pero en condiciones de conectividad que no son las mejores y, algunas veces, por medio de celular.

De una muestra inicial auditada de $99 mil millones de pesos, conformada por 5 proyectos y 12 contratos, la Contraloría determinó los siguientes hallazgos:

En el caso de las gobernación del Magdalena, durante el mandato de Luis Miguel 'El Mello' Cotes y la administración departamental del Caqueta los hallazgos fiscales encontraron fueron de por $734 millones

Estas gobernaciones suscribieron contratos en los años 2014 y 2015,  respectivamente, para la creación y ejecución de plataformas tecnológicas digitales al servicio de los estudiantes de las entidades educativas públicas.

A la fecha, dichas plataformas tecnológicas no están funcionando constituyéndose en “elefantes blancos virtuales”, o sea donde se paga por un software que nunca se utiliza, que se suman a los ya encontrados en auditorías anteriores, puesto que los estudiantes no tienen cómo recibir sus clases de manera remota, cuando ya se había pagado para tener tales herramientas.

Risaralda: Hallazgo fiscal por $9.892 millones

En los años 2018 y 2019, la gobernación de Risaralda, a través del Hospital Universitario San Jorge de Pereira, suscribió 3 contratos y 1 convenio administrativo, cuya finalidad era la conformación de la red pública de prestadores para la atención integral en salud del departamento, mediante la articulación de la historia clínica centralizada en los 16 hospitales del departamento. 

Como resultado de la auditoría, se pudo constatar que no existe interoperabilidad entre los softwares contratados, es decir que, la historia clínica centralizada no funciona. Si dicho servicio estuviera implementado, Risaralda tendría el mejor sistema de monitoreo de sus pacientes con ocasión de la pandemia.

Arauca: Hallazgo fiscal por $ 2.406 millones 

La gobernación del Arauca suscribió en el año 2013 el contrato 366, que tenía por objeto la creación de redes de conocimiento en áreas básicas pedagógicas y fortalecimiento de procesos evaluativos en el departamento, a través de una plataforma digital conectada a través de internet. 

Sin embargo, no se crearon tales redes de conocimiento ni tampoco se fortalecieron los procesos evaluativos para los estudiantes objeto del proyecto. Hoy tampoco funciona la plataforma digital ni mucho menos la conectividad a internet.

A esto se suma el incumplimiento del contrato de interventoría asociado al Contrato 366 de 2013, por valor de $150 millones de pesos, puesto que el proyecto objeto de vigilancia y control no ejecutó las actividades para las cuales se contrató. 

Cauca: Hallazgo fiscal por $1.640 millones

La gobernación del Cauca suscribió el contrato 1467 el 26 de julio de 2018, actualmente en ejecución, con el objetivo de fortalecer la calidad educativa, mediante el uso y apropiación de las TICS en las instituciones educativas públicas en el departamento.

En la Actuación Especial se determinó que el contrato no fue suspendido en los períodos de receso estudiantil (vacaciones) del año 2019, ni tampoco en parte del 2020, incluso los períodos en los que el Gobierno nacional decretó la cuarentena obligatoria en todo el territorio nacional con ocasión de la pandemia.

Lo anterior significa que se pagó al contratista por sus servicios, cuando los estudiantes no estaban recibiendo clase.

Adquisición de elementos subutilizados o que no se vuelven a usar

Llama la atención de la Contraloría que en los proyectos auditados durante la existencia de la Delegada Sectorial de TIC en el área de Regalías, se efectúan altas inversiones de recursos para la adquisición  de elementos tecnológicos intangibles (softwares, contenidos digitales, plataformas educativas, conectividad a internet, etc.), los cuales se subutilizan en los períodos de ejecución contractual,  o en el peor de los casos, nunca se vuelven a usar después de finalizado el proyecto, atentando contra el principio de sostenibilidad previstos en la Ley. 

Según el Contralor Delegado para Tecnologías de la Información y Comunicaciones TICS, de la Unidad de Seguimiento y Auditoría de Regalías, Iván Sánchez Arango, “en este caso, sucede algo similar a cuando se construye una obra, se dota con todo lo necesario, se pone a disposición un recurso humano, y durante la ejecución del proyecto presta el servicio a menos de la mitad de la población objetivo, y cuando finaliza el mismo, se abandona lo contratado”.

Nueva Actuación Especial

La CGR continuará en los siguientes tres meses, en su tarea de verificar proyectos financiados con dineros del Sistema General de Regalías, por $117.000 millones, en 9 departamentos: Huila, Guajira, Caldas, Cundinamarca, Meta, Quindío, Arauca, Valle del Cauca y Sucre, en procura de proteger los recursos invertidos en ciencia, tecnología e innovación, los cuales son vitales, muy especialmente ahora, en tiempos de pandemia.

Se van a verificar plataformas educativas y herramientas tecnológicas que deberían estar funcionando en esos departamentos.