Nuevamente la Gobernación confía en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Según los afectados, tras iniciar su labor el 16 de julio de 2024, sus contratos fueron modificados arbitrariamente.
Es el tercer año consecutivo en el que el Ministerio Público hace este 'jalón de orejas'.
Lo más ilógico es que cuando lo adjudiquen, prácticamente habrá acabado el semestre académico y los niños saldrán de vacaciones. Se gastarán más de 30 mil millones.
Desde el mes de septiembre les adeudan sus salarios y pese a los reiterados compromisos de pronto pago, esto no se ha hecho efectivo.
Cientos de trabajadoras de todo el Magdalena, denunciaron que les deben hasta cuatro meses de salario, pero la Gobernación dijo que investigará al operador por deudas de un mes en Zona Bananera. Las mujeres protestarán.
Con tres y cuatro meses de salario que aún se adeudan, el pasado 10 de febrero se venció el enésimo plazo pactado por la Gobernación y el operador, para ponerse al día.
Manipuladoras de alimentos señalan que las están chantajeando para que empiecen a trabajar en la operación 2024, y así “se ganen” el pago de los sueldos que les deben de 2023.
En diciembre, manipuladores de alimentos de todo el departamento denunciaron hasta cuatro meses de atrasos en los pagos. Les prometieron pagarles, pero los echaron y no les cumplieron.
La administración departamental señaló que por las fiestas de fin de año, el operador no pudo abastecerse por completo para garantizar el suministro al 100%.
Según denuncian 1.324 personas aguardan por el sueldo que ya trabajaron, pero desde el 22 de diciembre, fecha límite para los pagos, el gerente no responde.
La Procuraduría señaló a la actual jefe de contratación de la Gobernación y a su antecesor, por la no prestación del servicio de alimentación que afectó a más de 100 mil niños.
Los transportadores de los alimentos tampoco han recibido pagos por parte del operador de este millonario contrato.
Aunque el contrato de $56 mil millones fue adjudicado el 25 de junio, de los más de 138.000 niños beneficiados, solo está llegando a 39.000.
Son cuatro meses que más de 138.000 niños de escasos recursos siguen sin alimentación, pese que desde el mes pasado fue adjudicado el contrato por más de $56 mil millones.
Fueron más de $9 mil millones que el departamento dejó de percibir este año. En lo que lleva gobernando, Caicedo solo ha garantizado la alimentación poco más de cinco meses.
La Procuraduría inició una indagación contra la Gobernación para establecer responsabilidades por la primera contratación de 2023. La segunda no arranca aún.