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24 de May de 2018

La Alerta Temprana de la Defensoría del Pueblo que la Alcaldía de Santa Marta y las autoridades se niegan a reconocer

Una Alerta Temprana (la 045 – 18 en este caso)  es un documento que la Defensoría del Pueblo a través del SAT (Sistema de Alertas Tempranas) emite, basado en situaciones que han desbordado la seguridad en un territorio o porque están creadas las condiciones para escenarios de riesgos y, lo que busca, principalmente, es prevenir violaciones a los derechos fundamentales de la población, es decir, evitar la pérdida de vidas humanas. Esta Alerta, está dirigida, de manera específica, al distrito de Santa Marta; al municipio de Ciénaga y al municipio de Dibulla, en La Guajira y con ella se busca que las autoridades tomen medidas eficaces para prevenir las posibles amenazas que allí se describen. El marco normativo en que se fundamenta hace parte de la política pública de prevención que reglamenta el Decreto 1581 de 2017 y que hasta el 18 de diciembre de 2018 estaba reglamentado por el Decreto 2890 de 2013, cuya Secretaria Técnica era la CIAT (Comisión Interinstitucional de Alertas Tempranas) del MinInterior. Recientemente, fue reglamentado por el Decreto 2124 de 2017, en el marco de los Acuerdos de Paz.

De manera general este escrito pretende, luego de revisar el texto y consultar a algunos expertos en temas de seguridad, inferir un juicio basado en el desacato que la alcaldía ha hecho sobre la Alerta y explorar si en verdad se trata de una aprovechamiento político, como lo manifiesta el alcalde y en este caso sería una acusación muy grave para la Defensoría del Pueblo, porque básicamente se le está diciendo a esta institución que su trabajo es acomodado y bajo argumentos oscuros y politiqueros o si por el contrario, el alcalde se equivoca y el problema real que la Alerta enuncia es cierto y están tratando de ocultar una gravísima falla que ha permitido el aumento de la inseguridad.

El segundo Informe de Riesgo, emitido para el distrito de Santa Marta, fue elaborado en tiempos en que la actual consejera de Convivencia y Seguridad del distrito, Priscila Zúñiga, era la analista regional del SAT, dependencia desde donde se proyectan; en este caso el IR  013-13 de abril de 2013, se advertía sobre la presencia efectiva de los denominados Giraldos en una disputa territorial en el distrito. Vamos a ir teniendo en cuenta elementos de la pasada advertencia y de ésta para verificar, en el tiempo y en el espacio, los escenarios que allí se describieron y que hoy se describen en la AT 045-18, para mirar una cosa que se llama correlación y elemento comunes. 

La descripción o caracterización del riesgo que hace la 045-18 es certera: negarlo o desconocerlo es una bofetada a las víctimas y a los investigadores que han advertido que desde la última desmovilización paramilitar (2006) a la fecha, no esté presente una Estructura Armada Ilegal en el distrito de Santa Marta; incluso, es desconocer la Alerta la  013-13 y todas las que se han hecho: 2002 (Alerta Temprana -004-02), 2004 (Informe de Riesgo 085-04), 2005 (Informe de Riesgo 032-05), 2006 (Informe de Riesgo 045-06), 2009 (Informe de Riesgo 009-09), 2012 (Informe de Riesgo 016-12), 2013 (Informe de Riesgo 013-13), 2017 (Informe de Riesgo 010-17) y 2018 (dos Alertas Tempranas –la 026-18 y la 045-18); una del nivel nacional advirtiendo el riesgo a líderes defensores de Derechos Humanos y ésta que la alcaldía, desconoce. Es decir: desde el 2002 el SAT., está diciendo que Santa Marta ha mantenido un Escenario de Riesgo que aún persiste y llevar esto a un tema político es un discurso enajenado; esto se traduce en que se está perdiendo el juicio y la razón a la hora de valorar con objetividad.

Miremos elementos comunes: la primera Alerta Temprana (la 004) de 2012 advertía enfrentamientos entre Giraldos y los Castaños. El IR 013 de 2013 –elaborada por la actual consejera- advertía disputa entre las Autodefensas Gaitanistas y los Giraldos  con los Paisas y la AT 045 de 2018, advierte, entre otras situaciones que vamos a ir mirando, disputa entre Giraldos –Oficina Caribe- y Clan del Golfo. Pero adicional a ese “pequeño detalle” comparemos el IR 013 con la AT 045: el primero nos enuncia una configuración del territorio de la siguiente manera:

“Inicialmente se reagruparon en una organización armada ilegal que se conoció como ‘Águilas Negras’ que se logró establecer en el corregimiento Guachaca y en la ciudad de Santa Marta. Luego apareció otro grupo que temporalmente se conoció con el nombre de Bloque Cacique Arhuaco, conformado por facciones de desmovilizados del FRT, y se asentó en la vertiente occidental de la Sierra Nevada de Santa Marta. Al parecer, ambas organizaciones se fusionaron entre fines de 2006 y comienzos del año (Defensoría del Pueblo, 2013).

Luego la AT., dice que para finales de 2011 en algunas zonas rurales del corregimiento de Guachaca se empezó a identificar la presencia de una estructura armada que se conformó en el norte del Valle en torno al narcotráfico y que incorporó desmovilizados del Bloque Central Bolívar, conocida como los Rastrojos. Las AGC o Urabeños, por su parte, con el apoyo de algunas personas que habían sido cercanas a Hernán Giraldo Serna.

La tercera AT., nos está diciendo, en pocas palabras, que estos escenarios se re-configuraron y que elemento común está presente; entonces ¿cómo desconocer ésta realidad, alcalde? Desde el 2002 en adelante, la Defensoría está advirtiendo y ésta advertencia (que a nadie le importa) ha traído pérdida de vidas humanas. Mire lo que están diciendo: en 2002 (disputa); en 2006 (desmovilización) en adelante, más disputas o mejor por años basados en las dos AT: 2007 (Águilas Negras y bloque Cacique Arhuaco), 2007 (Los Mellizos y el Bloque Nevado); 2008 (Las AGC y los Paisas), 2009 (los Paisas y la Oficina de Envigado), 2010 (las AGC y los Rastrojo), 2011 (los Rastrojos y las ACG), 2012 (Las ACG y la Oficina Caribe), 2013 (la Oficina Caribe) y finalmente los Pachencas que como bien lo indica la AT., es el brazo armado de la Oficina Caribe. Algo no está bien en su remanso de paz, alcalde, y no mande a la gente que mire cifras desactualizadas, ni que esto es un tema político.

Aunque también surgen preguntas importantes que el Defensor del Pueblo Regional Magdalena Arbeis Fuentes, debe responder, que sí dan pie a posibles interpretaciones politiqueras, por ejemplo: ¿Por qué no hay nombramiento de analista, teniendo en cuanta que la última fue Priscila Zúñiga y ella salió en 2013 y sí existe el cargo en la nómina institucional? ¿Por qué la regional no ha advertido toda esta problemática ni ha hecho seguimiento durante esos 5 años? ¿Por qué la regional no se pronuncia ni dice nada cuando esto lo que ha traído son muertos? O que nos responda Carlos Alfonso Negret Mosquera. ¿Saben cuántos muertos, extorsiones, desplazamientos y demás delitos ha causado esta omisión de ustedes? Los que constitucionalmente están obligado a velar por la vida y la honra de las personas. Los defensores de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

Veo, también, que la Regional no suministra eficazmente información completa y suficiente al nivel Central del SAT., y esto es gravísimo. Supongo que la primera persona que debió tener en sus manos la AT., antes de llegar a las autoridades, debió ser el Defensor Regional y asumo que si la tuvo, debió haber evidenciado algunos errores de ubicación geográfica, para que fuesen corregidos; por ejemplo: no hay tal ELN en zona urbana. Ni en Santa Marta; ni en Dibulla; ni en Ciénaga. Eso es mentira y sí hay información de que han estado en las zonas rurales que la AT., indica. Eso no quiere decir que se quedaron, pudieron llegar e irse al otro día. Pero por eso se llaman POSIBLES ESCENARIOS DE RIESGOS.

Y voy a decirle otra cosa más: la AT., puede que tenga problemas, que pueden ser graves, como este que da pie para decir que no fueron rigurosos. Válido, alcalde. En eso estamos de acuerdo; incluso que tiene errores de redacción y de ortografía, eso también es grave para los académicos; incluso pensar en la georeferenciación que hacen que Pueblo Viejo tenga territorio étnico (en la alerta se refiere a un sector urbano de la cabecera de Ciénaga tal como se distribuye en la tabla. Cherúa, San Antonio y Mamarongo corresponde a jurisdicción de Ciénaga). Esta circunstancia evidencia que desde la Regional no se brinda apoyo suficiente a la labor del SAT., que ante la ausencia de Analista Regional debe inferir algunos contextos geográficos, susceptibles de sufrir imprecisiones porque estoy seguro que el defensor, si hubiera brindado suficiente información y apoyo riguroso al contenido del documento antes de su publicación, como conocedor del territorio, se hubieran evitado las imprecisiones geográficas y la AT., no hubiera sido cuestionada por ello.

Ahora bien hay una cosa que si no le puedo aceptar alcalde y es decir que está descontextualizada y que tiene cifras y hechos viejos. Si ese es su mecanismo de desacreditación de la AT., le informo que se equivoca y lo invito a que lea las anteriores y los diferentes informes que han hecho o decir, por ejemplo que no recurre a fuentes oficiales. En esto quiero hacer un énfasis. Hay fuentes primarias y secundarias, dentro de un proceso de investigación; también fuentes terciarias. Las primarias son originales y parten de un trabajo intelectual al que antes le precedió, por lo general, un trabajo de campo, que para el caso de esta AT., se llamaron indígenas, líderes, víctimas y campesinos, ellos son los que viven en las zonas donde muy seguramente, ni usted ni ninguna autoridad policiva o militar han ido o van a ir. No les diga mentirosos: escúchelos o  es que ¿solo dicen la verdad cuando los bajan a votar o les piden que hablen bonito de la administración? Ahí su verdad si cuenta.

Lo que AT., en sí le está diciendo no es una invención; son escenarios reales y se los dibujó casi todos, menos la limpieza social y los ejércitos privados, tipo Convivir., que se están instituyendo en toda la ciudad. Eso es de cuidado y se quedó corta en el tema de narcotráfico y control del puerto y le falto por ahí decir: junto a otros actores institucionales que facilitan el delito. En lo demás está completa; muy completa y real.

Finalmente, voy a recomendar tres cosas de manera respetuosa. La primera es una columna de opinión de Eliane Brum, publicada ayer en el País de España, “El mundo necesita adultos responsables, no optimistas infantilizados” aquí el vínculo, http://cort.as/-691e para que no se esfuercen tanto: es una columna capciosa.

La segunda recomendación es trabajar de manera mancomunada por intereses comunes. Esto no va a pasar porque es decirle a la academia; a la gobernación; a los gremios; campesinos e indígenas; a los defensores y al ministerio público; entre otros, sentémonos y tengamos una conversación honesta. Y van a responder: para esto está la Ciprat., Comisión Intersectorial para las Respuestas Rápidas a las Alertas Tempanas que parece que no sabe dónde está parada porque parte de un elemento básico: solo conoce los informes oficiales y lo oficial, así que lo plantea el alcalde, lo único que nos dice es que aquí, ni roban, ni matan, ni extorsionan, ni desplazan, ni hay Grupos Armados Ilegales o que si de pronto hay o están presente estos delitos, son poquitos y están controlados. Por favor, trabajemos por desmantelar la fábrica de víctimas que aún funciona; trabajemos por prevenir más violaciones de los derechos fundamentales de los samarios; trabajemos porque la prevención sea el enfoque que oriente sus políticas de seguridad y protección; y porque Santa Marta sea realmente el paraíso turístico donde se garanticen los derechos para samarios y turistas.

Y lo tercero y con esto termino, es ser respetuoso de las instituciones, porque es como decir: yo respeto a la comunidad LGTBI., pero no me gusta que me hablen, eso lo único que demuestra es lo oculto del carácter homofóbico. No nos quite la ilusión, en este país polarizado de pensar que la Defensoría del Pueblo, que es la institución rectora en temas de Derechos Humanos, esté a la merced de los politiqueros y que con ella se creen escenarios para desprestigiar su buen avance en otros frentes de la ciudad, porque para mí, usted ha sido, en algunas cosas, mejor alcalde que Caicedo y comparto lo de la crisis política que generaron los de antes. Pero no lo mantengo vociferando todo el tiempo porque el presente es ahora y el alcalde es usted.

NB., para ser técnicos y no desacrediten tanto este artículo:

  1. El Sistema Nacional de Advertencia estaba reglamentado por el Decreto 2890 de 2013, cuya secretaria técnica era la CIAT del MinInterior. El SAT., emitía Informes de Riesgo y Notas de Seguimiento. A partir de diciembre de 2017, con la emisión del Decreto 2124 de 2017, el SAT., emite Alertas Tempranas solamente. Ya no hay Notas de Seguimiento.
  2. IR.: Informe de riesgo. NS.: Nota de seguimiento. AT.: alerta Temprana.
  3. Entre 2001 y hasta 2002, el SAT., inició labores emitiendo Alertas que iban dirigidas a las autoridades concernidas. Con el Gobierno de Uribe, el ministro Londoño criticó eso e impuso un Comité Interinstitucional de Alertas Tempranas (Ciat) para ser el único receptor de las alertas de la defensoría; desde entonces ya no se llamó más Alertas Tempranas sino Informes de Riesgo.
  4. El Ciat declaraba sí o no la calidad de Alerta Temprana (máximo nivel de riesgo). Sólo hasta el 2010 el Ciat., se formalizó con un primer decreto y se denominó Comisión Interinstitucional de Alertas Tempranas (CIAT), luego de esto se volvió comisión y dejó de ser un simple comité (ad hoc).
  5. Hasta el 2017 el SAT., emitió Informes de riesgo y notas de seguimiento amparado en el decreto 2890 de 2013. Desde este año 2018 volvió a denominarse Alerta Temprana en el marco del decreto 2124 de 2017.
  6. El IR., 016-12 obliga al exgobernador, José Miguel Cotes Habeych a adoptar medidas, si fuera un tema político, la analista es la hoy consejera del distrito.
  7. Este escrito se hizo con base a lo que el alcalde llama fuentes oficiales y uno que otro experto no desocupado.  
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