Defensoría del Pueblo pide acelerar garantías para las Madres Buscadoras en su día nacional

En el marco del Día Nacional de Reconocimiento a las Mujeres Buscadoras de Víctimas de Desaparición Forzada, la Defensoría del Pueblo lanzó un llamado urgente al Estado colombiano para acelerar la implementación de la Ley 2364 de 2024, que reconoce a las madres y mujeres buscadoras como sujetos de especial protección y constructoras de paz.

De acuerdo con un seguimiento realizado por la entidad a 33 instituciones nacionales y 73 territoriales, la mayoría solo ha reportado acciones generales para víctimas del conflicto armado, sin una oferta institucional adaptada a las necesidades específicas de las buscadoras, especialmente aquellas pertenecientes a comunidades étnicas.

“La búsqueda es un derecho a saber dónde están nuestros seres queridos, a saber qué les pasó, quién se los llevó, por qué lo hicieron y por qué les niegan el derecho a un juicio justo, a despedirlos, a abrazarlos, a llorarlos”, expresó la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, durante el acto conmemorativo en Bogotá, donde se develó una placa en honor a Yannette Bautista Montañez, pionera en la lucha por la aprobación de la ley y fallecida recientemente.

El informe de la Defensoría señala que, si bien existen avances en la socialización de la Ley y en acciones de memoria, no hay progresos sustanciales en materia de salud, educación y vivienda. Además, el Registro Nacional de Mujeres Buscadoras aún no está en funcionamiento, pese a que algunas entidades han empezado a adaptar sus sistemas de información.

Entre las recomendaciones de la Defensoría se destacan la adaptación de protocolos diferenciados de atención, el fortalecimiento de las rutas de salud y apoyo psicosocial, la creación de mecanismos de acceso prioritario a educación y vivienda, y la garantía de participación efectiva de las buscadoras en el diseño de políticas públicas.

“Gracias, buscadoras, por hacer de la escucha una revolución transformada en relato y convertida en realidad. Hoy más que nunca su legado sigue vivo”, concluyó Marín Ortiz.

Con este llamado, la Defensoría insistió en que la deuda institucional con las madres buscadoras sigue vigente, en un país donde la desaparición forzada continúa dejando cicatrices profundas en miles de familias que aún esperan respuestas.