Defensoría alerta por escalada armada en la Sierra Nevada y 21 municipios del Caribe

La Defensoría del Pueblo reiteró el llamado urgente a las entidades del Estado para que adopten medidas preventivas y articuladas frente a los riesgos advertidos en la Alerta Temprana 020 de 2025, emitida el pasado 2 de diciembre, que advierte sobre la escalada de violencia armada en la Sierra Nevada de Santa Marta y 21 municipios de Magdalena, La Guajira y Cesar.

El pronunciamiento se hizo durante la tercera sesión plenaria de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (Ciprat), realizada en Santa Marta y convocada por el Ministerio del Interior. Allí, la entidad insistió en la necesidad de evitar que la confrontación entre el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) derive en afectaciones graves a la vida, la integridad y otros derechos fundamentales de las comunidades.

Municipios bajo advertencia

La alerta cobija a Santa Marta, Ciénaga, Puebloviejo, Zona Bananera, El Retén, Aracataca, Fundación y Algarrobo, en Magdalena; Riohacha, Dibulla, San Juan del Cesar, Distracción, Fonseca, Barrancas, Hatonuevo y Albania, en La Guajira; y El Copey, Bosconia, El Paso, Valledupar y Pueblo Bello, en Cesar.

Según la Defensoría, el riesgo obedece al control territorial ejercido por las ACSN, especialmente en Santa Marta y Ciénaga, así como a las intenciones de expansión del EGC en varios municipios del Caribe. A esto se suma la disputa abierta entre ambos grupos armados, la fragmentación de dominios criminales y el tránsito por zonas estratégicas.

Poblaciones más vulnerables

Entre los grupos en mayor riesgo se encuentran pueblos indígenas —Kogui, Arhuaco, Wiwa, Kankuamo, Wayúu, Zenú, Inga, Taganga y Ette Ennaka—, comunidades afrodescendientes, campesinos, pescadores artesanales, liderazgos sociales y comunales, niñas, niños y adolescentes, defensores de derechos humanos, población socialmente estigmatizada y el pueblo Rrom.

La Alerta Temprana incluye 38 recomendaciones dirigidas a entidades como el Ministerio de Defensa, Fuerzas Militares, Policía Nacional, Fiscalía General de la Nación, gobernaciones del Magdalena, La Guajira y Cesar, ICBF, Ministerio de Educación, UNP y la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, entre otras.

La Defensoría subrayó que la protección de los derechos humanos no admite dilaciones y requiere una presencia integral y efectiva del Estado, con acciones anticipadas que eviten vulneraciones irreparables en los territorios advertidos.