Veolia no va más, Essmar asumirá la operación del acueducto y alcantarillado
Después de cerca de cuatro horas de reunión, los miembros de la junta directiva de la Empresa de Servicios Públicos de Santa Marta (Essmar), en cabeza del alcalde encargado Andrés Rugeles, decidieron este lunes que dicha empresa asuma la operación de los sistemas de acueducto y alcantarillado, a partir del jueves 18 de abril, tras la terminación del contrato con Veolia.
No obstante, Rugeles manifestó su preocupación frente a esta decisión porque la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, en declaraciones dadas la semana pasada a W Radio, dijo que la Essmar no está en la capacidad técnica, operativa ni administrativa para asumir la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado en la ciudad.
El alcalde encargado también advirtió que “al inicio de la sesión de hoy no había recibido la documentación indispensable para tomar decisiones informadas en mi carácter de miembro de la junta directiva de Essmar y presidente de la misma”.
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Además dijo que a la fecha no ha sido posible obtener copia de los contratos celebrados por la Essmar para asumir como prestadora directa de los servicios de acueducto y alcantarillado ni la información sobre los costos mensuales de la operación a través de Veolia, que durante dos años ha sido el aliado estratégico de la Essmar, los informes de auditoría, los conceptos técnicos, jurídicos y operativos para la prestación del servicio y el cronograma de transición operativa.
“Por lo anterior, hago un llamado a las autoridades de vigilancia y control para que tome medidas urgentes ante la demora, cuyo potencial carácter de dolo habrá de ser investigado por las autoridades competentes, de suministrar la información y medidas necesarias para asegurar la prestación del servicio”, añadió Rugeles.
El mandatario solicitó el acompañamiento de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para la revisión del proceso de transición, para el ejercicio de los controles tarifarios y para asegurar que la operación cuente con un seguimiento especial en materia jurídica, contractual, técnica y tarifaria.
Igualmente, pidió a las autoridades competentes ejercer una vigilancia especial para los recursos provenientes del Sistema General de Participación (SGP), de tarifas y de contribuciones especiales del régimen de solidaridad de los servicios públicos, “de forma que se garantice que los mismos son aplicados a las necesidades públicas con la debida transparencia y que, en el caso de los contratos, se asegure el cumplimiento de los principios de planeación y de selección objetiva de los contratistas”.
En la reunión de la junta directiva de la Essmar se tomó la decisión de establecer un límite al monto de contratación directa de dicha empresa, con el fin de garantizar los principios de contratación pública, en especial el de la publicidad y la transparencia, así como la mejor prestación del servicio público.
La Comisión Regional de Moralización del Magdalena solicitió la semana pasada una auditoría especial al Contralor Distrital de Santa Marta y al Procurador General de la República sobre la vigilancia fiscal de los recursos nacionales y distritales manejados por la Essmar y además una actuación preventiva y disciplinaria a los contratos directos que ha suscrito dicha empresa por más de 11.000 millones de pesos, entre ellos, uno por 1.600 millones en publicidad, por la presunta vulneración al principio de pluralidad de oferentes.
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