Procuraduría pide cumplir las obligaciones que demandan la protección de los pueblos indígenas

La Procuraduría General de la Nación afirmó que con el sistema actual una mujer debe cotizar 29,4 semanas por año, mientras un hombre solo aporta 26,1.
El Ministerio Público envió al Ministerio de Agricultura sus reparos frente al Proyecto Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo rural.
El ente de control viene realizando esta estrategia con el fin de garantizar vigilancia en las elecciones en los que se elegirán a gobernadores, diputados de las Asambleas Departamentales, alcaldes, concejales municipales y ediles.
El pronunciamiento se refirió a posibles errores de procedimiento y, por eso, no resulta contradictorio con lo señalado en otros conceptos sobre temas puntuales de la misma ley en los que ha solicitado que se declaren inconstitucionales.
Al parecer la mandataria y la congresista habrían sido mencionadas en conversaciones en las que se habló sobre financiación irregular de campañas por $6 mil millones.
El ente de control anunció el inicio de acciones disciplinarias, ante la omisión de medidas por parte del gobierno para resolver la alerta financiera de las aseguradoras del sistema.
La entidad evaluará las recomendaciones hechas por el Ministerio Público al proceso de licitación.
También habría posible violación del principio de autonomía de entidades territoriales.
“No se puede negar el aumento de los hechos violentos en el país, le pido al Gobierno y Fuerzas Militares tomar medidas para garantizar seguridad en estas elecciones”, dijo la jefe del Ministerio Público.
El Ministerio Público pidió a la ADRES medidas urgentes para tramitar su compra.
Así lo confirmó el comandante del Ejército Nacional, Luis Ospina.
Las víctimas deben contar con un acceso efectivo a la justicia, aunque para cumplir esa meta no se pueden revictimizar bajo la idea de promesas irrealizables.
Meses atrás la Procuraduría dictaminó una inhabilidad de 14 años para ejercer cargos públicos al excandidato presidencial.
Hasta el momento no se han realizado los pagos de presupuestos máximo del segundo semestre del 2023 y también faltan los ajustes del 2022 y 2023.
La indagación incluye a servidores por determinar del Ministerio de Salud, la ADRES y de las Empresas Sociales del Estado, en los entes territoriales de Cundinamarca, Córdoba y Boyacá.
Por presunta autorización indebida de pagos, esto habría puesto en riesgo los recursos del Sistema General Social de Salud SGSSS.