Atención: Sesiones de la Asamblea suspendidas hasta tanto no se posesione César Pacheco

El Tribunal Administrativo del Magdalena señaló que el aumento del valor del pasaje, ordenado por el exalcalde Rafael Martínez, se realizó de manera ilegal y caprichosa.
El exsecretario de Educación, Luis Guillermo Rubio, lanzó este descalificativo al abogado por criticar la administración del gobernador Caicedo.
Tras una acción popular interpuesta por el gremio animalista de Santa Marta, la administración deberá habilitar este centro e iniciar de inmediato esterilizaciones masivas.
La Comisión Nacional de Disciplina Judicial tumbó la suspensión de la polémica jueza Vivian Polanía.
MinInterior indicó que no lo nombraron gestor de paz, sino ‘facilitador’ y que esta función la puede hacer desde su lugar de reclusión. Fiscalía rechazó la orden.
Después de abusarla, este sujeto le daba mil pesos para que no le contara a nadie.
Más de 1300 uniformados de distintas especialidades, desplegados para velar por el normal desarrollo de las elecciones presidenciales en el Magdalena.
Recientemente fuentes de inteligencia señalaron que el jefe del Clan del Golfo estaría planeando su fuga.
Se espera que la Superintendencia de Servicios Públicos impugne el fallo de primera instancia.
El hombre está sindicado de coordinar la comercialización de estupefacientes en varios sectores de Santa Marta.
En un evento a puerta cerrada, se preparó todo un festín para celebrar el cumpleaños del gobernador que parece hacer caso omiso a la orden proferida por un juez.
El jefe jurídico de la Gobernación calificó esta orden como ilegal y amenazó con interponer una denuncia penal al juez que favoreció a la exgerente del hospital de Pivijay.
En una decisión de segunda instancia se le ordenó a Caicedo retractarse de sus afirmaciones sobre la participación de Dávila Abondano en “robos a la salud del Magdalena”.
Juan Camilo Sánchez contactó a un sicario de 17 años para que acabara con la vida de su progenitor.
El senador dijo que tenía información sobre una orden de captura dictada en su contra, sin embargo la Corte Suprema de Justicia niega esta aseveración.
Los policías no podrán usar estos recursos durante las protestas.