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03 de October de 2018

¿Los costeños somos corruptos?

Hace algunos meses, cuando la Fiscalía destapó el escándalo en el que salió involucrado el ex guerrillero costeño Jesús Santrich, y que a la postre lo tiene privado de su libertad, escribí en mi cuenta de Facebook una serie de preguntas bastantes provocadoras sobre la corrupción y la caribeñidad. Luego de señalar que me llamaba la atención que en los últimos escándalos de corrupción siempre estaba involucrado, al menos, un costeño, disparé lo siguiente: ¿Será que la cultura caribe, con su desparpajo y su amabilidad permite tranzar y arreglar negocios non sanctos? ¿Será que comunicativamente somos más asertivos para, por ejemplo, decir "ven acá compadre, vamos mitad y mitad, tú sabes cómo es la jugada"? ¿O será más bien un asunto de moral, de herencia histórica, del contrabando de los siglos XVII y en adelante? ¿O será mejor que, como región periférica no nos hemos integrado a la vida nacional sino a través del gamonalismo, del clientelismo y que solo así, robando y montando nuestras "roscas", es que nos hemos cobrado la deuda histórica que el Estado tiene con nosotros? 

Claramente son preguntas no solo provocadoras sino también pretenciosas; absurdas dirían algunos. Pero habían quedado ahí, sin mayor reflexión hasta hace pocos días cuando, conocidos los resultados de la consulta anticorrupción, Gustavo Petro afirmó en un trino lo siguiente: “El problema [el umbral que no se superó]estuvo en la costa Caribe. El feudalismo y la compra de votos la ha absorbido tanto que no reacciona cuando no hay dinero en las urnas”. Esta afirmación contiene al menos dos aspectos que valen la pena ser revisados: el primero de ellos es una imprecisión histórica respecto del feudalismo. Es necesario aclarar que no hubo ni hay feudalismo en el Caribe colombiano; ni en ningún lugar del país, pues el feudalismo en un sistema de producción y de organización de la vida social eminentemente europeo. Lo que ha habido, y quizás es lo que quiso decir Petro, es un sistema económico hacendatario, de concentración de la tierra, de ganadería y agroindustria extensiva, de gamonales y patronazgos premodernos que coaccionan a los electores y les indican a quien deben apoyar.

Lo segundo es que, efectivamente, en gran parte de la región se compran votos. En los informes de la Misión de Observación Electoral son protagonistas municipios de La Guajira, Córdoba y Magdalena como escenarios susceptibles a variadas prácticas de fraude electoral, tanto en elecciones legislativas como en elecciones subnacionales. Y, aunque el fenómeno se ha venido transformando y sus variaciones son sofisticadas (La cuasi senadora Aída Merlano puede dar fe de ello), se hace necesario comprar votos para ganar elecciones porque las relaciones de intermediación entre candidatos y electores cada vez más están atravesadas por lógicas utilitaristas y pragmáticas: el clientelismo ya no es gamonalista ni partidista; es, en esencia, mercantil. Esta lógica de relacionamiento plantea que para ganar elecciones es necesario ya no convencer a la gente, sino o comprar votos, o montar una gran red de favores con eficacia comprobada.

Quien fuera senador por cincuenta años, el barranquillero Roberto Gerlein, le dio la razón a Petro. Con su retórica grandilocuente, hiperbólica y llena de vericuetos afirmó: “Petro tiene la razón. Se ha venido cristalizado una conciencia equivocada de que el elector debe ser prohijado con una dádiva económica. Es cierto que se compran los votos, no todos, pero es cierto que se compran. […] El elector si no recibe un aliño económico o de otra naturaleza: puestos públicos, becas, favores, o le pintan el frente de la casa… algún don des se establece con el elector para que se incline, prohíje la candidatura de una persona que va aspirar al congreso, a la asamblea, al concejo o a cualquier corporación de origen popular”.

En este sentido, la afirmación de Petro, aunque resulte contradictoria (o hay gamonalismo hacendatario que tiene preso al elector y le condiciona el voto o hay un agente libre que vota por el primero que le ofrece algo, ya sea dinero o algún otro bien) me recordaron mis preguntas. Y, aunque no hay respuestas claras, las sentencias de Gerlein confirman que, sin duda, el Caribe colombiano ha sido una región que ha incubado una cultura política clientelar en donde la corrupción y la compra de votos no son solo parte del paisaje electoral, sino su esencia misma. Basta hablar con cienagueros o con soledeños para identificar que sus representaciones sobre la política se nutren de la desafección, el descontento y la animadversión sobre lo público. Y esta ausencia de valores sobre lo público denota una mirada negativa frente al Estado en sus niveles territoriales y nacionales; por eso no nos duele robarnos o que se roben el dinero público, al fin y cabo el Estado no funciona.

Reconocer que somos una región corrupta es un paso necesario para comprender el fenómeno e imaginar fórmulas para resolverlo. Entender que la compra de votos es el síntoma, el indicador de una región con una trayectoria débil, fracturada y precaria en la conexión con la vida nacional y, por tanto, con los valores de la democracia moderna. Sorprende que El Heraldo, el diario de mayor circulación de la región y de propiedad de la todopoderosa y bastante clientelar casa Char, reaccione de forma tan cándida con el trino de Petro diciendo que estas afirmaciones estigmatizan a la región. Como les diría Gerlein: “Que no se ofendan, que esa es una costumbre inveterada, perniciosa, un poco inmoral, pero que es tradicional no solo en departamento del Atlántico o en Barranquilla, sino en todos los departamentos de la costa”.

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