El balance a la Alerta Temprana 045 del 2018 (para Santa Marta, Ciénaga y Dibulla, en La Guajira) que nadie ha querido hacer

La última semana de mayo de 2018 pasó por varias tensiones debido a la AT 045-18 que emitió el Sistema Nacional de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo y por supuesto: la negación y la desacreditación estuvo a la mano. Para ese momento, escribí también un artículo de opinión, aquí el enlace, (https://goo.gl/uhPcjf): La Alerta Temprana de la Defensoría del Pueblo que la Alcaldía de Santa Marta y las autoridades se niegan a reconocer, que invito, respetuosamente a leer, para tener un contexto más claro de este tema que es bien denso.

También es preciso mencionar el silencio, que se puede llamar cómplice, de la gobernación del Magdalena y de todas las autoridades en general; incluso, de la misma defensoría y del Ciprat., Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas. Es como si se pensara que estas ciudades pequeñas son una provincia donde nadie hace seguimiento y defiende al tema de violación a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, ni a la violencia urbana y el crimen organizado.

Es bueno aclarar que el defensor del pueblo, Carlos Alfonso Negret Mosquera, cinco meses después de la AT 045-18, visitó la Sierra Nevada, habló con las comunidades indígenas (no con víctimas de amenaza, defensores de derechos humanos, comunidades afros y campesinas) y en efecto, corroboró lo que emitió el SAT.: presencia de actores armados, denominados Pachencas y Rojas. Pero eso no fue lo único que la AT 045- dijo, sino que adicional, configuró unos posibles escenarios de riesgo que evaluaremos para ver cómo está el tema.

Santa Marta tiene un Observatorio, con cifras desactualizadas; Ciénaga no tiene nada y Dibulla, sí que menos, por lo tanto, usaré las cifras oficiales del Observatorio del Delito de la Policía Nacional, que nos brinda información actualizada, mes a mes, de modo que la medición será hasta septiembre y será en base a: homicidios, amenazas a defensores, líderes y reclamantes de tierras.

Comencemos por homicidio y Ciénaga. El 2016, tuvo 25; el año pasado 20, este año, hasta septiembre, tuvo 13. Esto es una luz para la AT., porque el homicidio tiene tendencia a la baja y con una buena política de seguridad puede llegar a bajar los indicadores o mantener la tendencia a la baja. Le tocará al próximo alcalde diseñar un buen Plan Integral de Seguridad y Convivencia. La misma tendencia esta para Dibulla, en La Guajira que para el 2016 tuvo 8 homicidios; para 2017, 14 y en 2018, hasta septiembre, 5.  Santa Marta, en el 2016, tuvo 88; en 2017, 94 y hasta septiembre de 2018, 77 y esto si es preocupante porque la tendencia va en aumento y nada indica que se pueda estabilizar. Es muy posible, por las proyecciones y las dinámicas delictivas que ese número llegue o pase de 100. Esperemos que no, pero la AT., lo advirtió.

Una cosa si es concreta frente al homicidio en estos tres lugares: se balancean sobre una cuerda muy delgada porque los tres tienen presencia activa de actores armados ilegales y como bien se ha estudiado, estos pueden aumentar los homicidios de un momento a otro sin que las autoridades puedan hacer nada. Para Santa Marta se agrava porque hay más de dos actores con presencia territorial.   

Amenazas: Ciénaga en 2016, tuvo 119; en 2017, 122 y hasta septiembre de 2018, 71. Tendencia difícil de predecir pero por proyección y temporalidad, tiende a la baja. En Dibulla, 2016 (25); 2017 (27) y hasta septiembre de 2018 (31). En Santa Marta, el tema está así: en 2016 (559); en 2017, (712) y a septiembre de 2018, (524). Estas cifras son alarmantes y no hay una política de seguimiento a las personas amenazadas que van a un Comité de Justicia Transicional y no pasan de ahí. Ahora bien, Santa Marta tiene al menos dos casos recientes de amenaza por restitución de tierras y eso es grave y se los advirtió la AT. Y si se ponderan los datos, para el distrito, la dinámica pasa de grave a extramente grave y el mensaje es claro: cualquiera amenaza y la respuesta de las autoridades es nula, frente a este tema.

Santa Marta y Ciénaga tienen dos problemas estructurales (crimen organizado) que ninguno de los dos ha podido resolver y ninguno ha tenido la voluntad  para enfrentarlos y combatirlos. Esto, al igual que el agua, va a definir la agenda política el otro año. La gente tiene sed y tiene miedo y a ninguno de estos dos problemas se le ha dado solución y no se les dará en estos modelos actuales de gobierno y siento que hay una cultura de miedo que legitimiza la acción violenta. Esto se puede leer a través de la misma Defensoría del Pueblo que da cuenta que desde el 2002 el SAT., está diciendo que Santa Marta ha mantenido un Escenario de Riesgo permanente y antes de eso también o como se explican cerca de 40 años de paramilitarismo para Ciénaga y Santa Marta.

¿Por qué se plantea como estructural?

Johan Galtung, define la violencia estructural como la violencia indirecta originada por la injusticia y la desigualdad como consecuencia de la propia estructura social, ya sea dentro de la propia sociedad o entre el conjunto de estructuras sociales. Parafraseando su obra La violencia: cultural, estructural y directa, plantea cuatro tipos de explotación que hacen parte de la dominación del aparato estructural. La formación de conciencia para perpetuar y sostener la violencia; el adoctrinamiento, que va ligado al ostracismo y manipulación de la percepción de las personas con una visión de que la aplicación de la violencia es el camino para erradicar los males; el sentido de dignidad personal y social en el que la vida se pierde con facilidad y la alineación, que el autor define como la utilización de factores externos, sociales, económicos o culturales para desmotivar, limitar o condicionar la libertad personal y colectiva de la sociedad que va combinada con la desintegración del tejido social.

Esto es lo que ha hecho el paramilitarismo y su fuerza violenta. La AT., les dibujó el problema que va a seguir porque aquí no se trata de capturar o dar de baja sino en crear elementos que faciliten erradicar un problema estructural, que no es fácil, pero tampoco es imposible. Hay que buscar otras opciones que permitan erradicar la cultura de la violencia y esto se hace con un Estado o un distrito que lleve inicialmente, igualdad y mejores condiciones de equidad; que sea garante de derechos y fortalezca sus instituciones y que al menos garantice educación, trabajo, salud con dignidad y que no se roben la plata del erario.

En cuanto a la violencia urbana, a Santa Marta y al departamento en general, les falta mapas de criminalidad, mapas de delitos, conocer los problemas relacionados con los factores del entorno, analizar las zonas delimitadas y elaboración conjunta de datos. Esto para definir proyecciones y estrategias. Porque el problema está.

Finalmente nos toca seguir haciendo el seguimiento que las instituciones encargadas no hacen o si lo hacen no lo socializan porque es más práctica la política del silencio. ¿Qué va a pasar con la AT? Seguramente la van a levantar porque pese a que nadie la toma en serio, el efecto político – administrativo que genera, es de gran impacto. O a lo mejor sea ampliada y llegue a otros municipios como el Banco, Fundación y Zona Bananera o Riohacha y Maicao y por supuesto, reafirmar a Santa Marta y a Ciénaga a ver si al menos, el Ministerio de Defensa toma cartas en el asunto y el defensor que cuando haga estos recorridos no solo hable con indígenas, que no está mal y que es una población golpeada fuertemente por la violencia, pero no hacen parte de los 524 líderes, profesores, defensores y reclamantes de tierras amenazados solo en Santa Marta.

Ayer el Consejo citó al comandante de la Policía Metropolitana y al nuevo Consejero de Convivencia y Seguridad por el elevado índice de homicidios y de robos. Lo malo de esto es que el cabildo no cita a la academia ni a investigadores ni a fundaciones que hacen seguimiento, estudio y monitoreo del tema, ni si quiera cita al Ministerio Público y van a escuchar lo que siempre han escuchado: no pasa nada y todo está controlado, porque no hay quien los refute ni quien evalúe sus políticas y cifras y claramente, los concejales no tienen toda la información, pero esto lo van a  hacer solo para mostrar gestión y no va a pasar nada.   

Para terminar: también se les disparó el secuestro y las extorsiones: se los advirtieron y es gravísimo.