De Aval a Ecopetrol: lo que pagarían los gigantes si se declara la emergencia económica

El Gobierno estudia declarar una nueva emergencia económica para enfrentar los estragos de la ola invernal y, con ella, poner en marcha un impuesto al patrimonio para empresas. La meta es clara: conseguir cerca de 8 billones de pesos después de que la Corte Constitucional tumbara la anterior declaratoria.

La propuesta contempla cobrarles a unas 15.000 compañías. Las que tengan patrimonios entre 10.000 y 30.000 millones de pesos pagarían una tarifa marginal del 0,6 %. Para las que superen los 30.000 millones, la tarifa subiría al 1,2 %. Es un tributo que hoy no existe para personas jurídicas y que, de aprobarse, impactaría directamente a los grandes grupos económicos.

Con esos porcentajes sobre la mesa ya empezaron a circular cálculos. Grupo Aval, con un patrimonio cercano a los 18,4 billones de pesos, tendría que pagar alrededor de 220.000 millones. El Banco de Bogotá, que hace parte del mismo conglomerado, rondaría los 210.000 millones.

Bancolombia, con un patrimonio aproximado de 42 billones, superaría el medio billón de pesos en aporte. Davivienda estaría cerca de los 200.000 millones. En el sector empresarial, Nutresa y el Grupo Éxito pagarían alrededor de 80.000 millones cada uno, mientras que Terpel asumiría unos 40.000 millones. Totto, con un patrimonio mucho menor, tendría que desembolsar cerca de 2.200 millones.

El punto que más inquieta es que el cobro no se haría sobre las utilidades sino sobre el patrimonio. Eso significa que incluso empresas con pérdidas tendrían que pagar. Se cita el caso de Air-e, intervenida y con pérdidas superiores al billón de pesos, que aun así tendría que aportar más de 9.000 millones.

En esa lista también aparece Ecopetrol. Con un patrimonio que supera los 100 billones de pesos, la petrolera tendría que entregar cerca de 1,3 billones, una cifra clave dentro del recaudo que busca el Ejecutivo.

Los cálculos preliminares indican que con varias de las grandes compañías se podrían reunir unos 3,5 billones de pesos. Aun así, el Gobierno tendría que ampliar la base para alcanzar los 8 billones que necesita.