Air-e acumula obligaciones por $1.9 billones: Interventor denuncia irregularidades graves

El agente interventor de Air-e, Edwin Palma, presentó un informe de 704 páginas a la Superintendencia de Servicios Públicos donde denunció supuestas irregularidades en el interior de la empresa. Develó secretos a voces, sobre todo, relacionado con los supuestos mantenimientos de redes.

Entre los hallazgos se encuentran "contratos de energía incumplidos, desorden en la contabilidad y en la contratación con terceros, constantes racionamientos de energía informados como “mantenimientos”, baja ejecución del plan de inversiones, pérdidas de recursos destinados a la normalización eléctrica y deterioro en la calidad del servicio".

Según Palma, Air-e enfrenta un deterioro patrimonial severo, "el cual se refleja en pérdidas acumuladas y un desbalance financiero significativo". 

"Las obligaciones causadas han sido valoradas inicialmente en la suma de $1.9 billones, sobre todo por el reiterado incumplimiento de sus obligaciones de pago", indica.

Por cuarto años seguido Air-e "no generó utilidades" y señala Palma que mientras esté expuesto en la bolsa para adquirir energía "la situación empeora".

Hay acciones legales en contra de Air-e por $69.325 millones y los problemas financieros han generado un "proceso de limitación de suministro en curso" por el retraso de pago en obligaciones.

Por no cumplir las obligaciones que estableció la CREG le fue suspendido el reconocimiento del plan de pérdidas para el año 2025 y la empresa, que por segundo año falló en esta meta, deberá devolver el dinero recibido a través de la tarifa para realizar actividades encaminadas a disminuir las pérdidas en La Guajira, Magdalena y Atlántico, suma que ronda los $400 mil millones.

Otro aspecto en que profundizó Palma fueron los racionamientos anunciados como mantenimiento: "Este fenómeno presentó múltiples implicaciones en la calidad del servicio de energía. Injustamente, los usuarios experimentaron cortes en el suministro energético con una falsa información previa, lo que generó inconformidades y afectó la confianza en el sistema eléctrico", sostuvo el agente.

Concluyó en que los costos operativos y la insatisfacción han crecido por la situación financiera de la compañía, hay altos riesgos laborales que afectan el clima laboral y la productividad y que el uso de "mediciones estimadas" o totalizadores han generado desconfianza en los usuarios. 

Con este informe, la Superintendencia de Servicios Públicos, que también hizo un estudio independiente, debe definir la modalidad de la toma de la empresa, que incluye desde la administración temporal hasta la liquidación. El 9 de enero Palma tendrá una reunión con el superintendente Yanod Márquez, en Bogotá.

Igualmente, Palma solicitará a la Procuraduría, Unidad Inteligencia y Análisis Financiero (UIAF) y la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República que acompañe la auditoría forense dispuesta al sistema contable y financiero de la compañía.