Concesiones extrañas en Santa Marta

Así como muchos dicen en la costa que la Ley 80 de Contratación Pública no pegó en algunas partes de su tierra, en Santa Marta la prohibición para que el recaudo de las rentas municipales sea entregado a privados tampoco pegó.

Desde que Carlos Caicedo llegó a la Alcaldía de esa ciudad en 2012, se dio a la tarea de ponerle fin a la concesión que la empresa Recaudos & Tributos (R&T) tiene desde 2002 para recaudar los impuestos. Lo hizo porque, además de ilegal, ha sido lesivo para el patrimonio de Santa Marta. Tras todo tipo de discusiones, acciones jurídicas y fallos judiciales, en diciembre pasado el alcalde decidió terminar unilateralmente el contrato, pero el tema se ha convertido casi en un caso macondiano.

La noticia trascendió las fronteras, cruzó el Atlántico y llegó a España, donde fue registrada inicialmente por la revista Mongolia y retomada por los diarios El Mundo, el diario.es y la cadena SER, entre otros, en los que curiosamente no se discutió la decisión del alcalde, sino las prácticas poco transparentes que en Colombia y América Latina aplican la empresa pública Canal de Isabel II y sus filiales. En el ojo del huracán está Ignacio González González, representante de esta empresa, y además presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid y miembro del Partido Popular. La maniobra de González González de convertir a Canal de Isabel II en sociedad anónima le permitió no solo sacar de la junta a la oposición y a los sindicatos, sino realizar manejos económicos poco claros como los que está realizando en Santa Marta por medio de sus filiales.

Como se sabe R&T, al igual que Metroagua, que tiene desde 1989 la concesión del acueducto de Santa Marta, son filiales de Canal de Isabel II, que maneja desde hace siglo y medio todo el ciclo del agua en la comunidad de Madrid. Gracias al éxito de su gestión, se empezó a expandir a finales del siglo XX en América Latina, pero no lo hizo directamente, sino a través de una filial casi privada llamada Sociedad Interamericana de Aguas y Servicios (Inassa). Esta empresa, sobre la que hay todo tipo de sospechas por el manejo poco claro de los recursos, es propietaria de la Triple A de Barranquilla y de otras seis empresas en cinco países que responden por el acueducto y alcantarillado de 18 millones de personas y facturan más de 250 millones de euros al año. Para los medios españoles R&T y Metroagua desarrollan un modelo de negocio muy alejado de los parámetros y controles de Canal de Isabel II.

Inassa comenzó a operar en Santa Marta a mediados de la década pasada cuando le adquirió a Aguas de Manizales gran parte de las acciones de Metroagua, a la que en 1989 el alcalde Alfonso Vives le había concesionado el manejo del acueducto y alcantarillado. En el polémico contrato, el concesionario se comprometía a darle a la ciudad 183 millones de pesos al año y el 33 por ciento de los recaudos brutos.

A pesar de que las condiciones para Metroagua eran muy favorables fueron modificadas una y otra vez, según el alcalde Caicedo, en favor del contratista por medio de varios otrosí. Por ejemplo, en 1997 el burgomaestre encargado Luis Cuello firmó uno en el que se estableció que Metroagua ya no pagaría al Distrito el 33 por ciento de los recaudos sino el 2 por ciento y prorrogó el contrato hasta abril de 2017. En 2002, el alcalde Jaime Solano aumentó los bienes cedidos a Metroagua y excluyó a la ciudad de seguir siendo su interventor (Solano había sido gerente de Metroagua durante la alcaldía de Edgardo Vives Campo entre 1995 y 1997). En 2002 durante el mandato de Hugo Gnecco se volvió a cambiar el contrato para liberar a Metroagua de los costos, gastos operacionales y de inversión. Todas esas gabelas mejoraron las ganancias de Inassa pero perjudicaron las arcas de la ciudad y empeoraron el servicio de agua y alcantarillado.

En vista de sus buenos resultados en Santa Marta, los españoles decidieron crear la empresa Recaudos & Tributos (R&T), que logró quedarse en 2002 con ese negocio. En el contrato se estableció que la empresa recibiría el 8 por ciento sobre lo recaudado de la vigencia actual y 14 por ciento sobre la cartera recuperada.

Al igual que con Metroagua, R&T obtuvo varias gabelas como el hecho de que la Alcaldía no le haga interventoría a las cifras y al trabajo que realiza. Algo que ha generado denuncias en España frente al manejo poco claro de los recursos que se generan en América Latina. Caicedo dice que esa empresa solo recauda el 37 por ciento de los impuestos facturados y la cartera asciende a 300.000 millones de pesos. Sin embargo, con solo 34 empleados, recibe cerca de 12.000 millones de pesos al año de ingresos.

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