Diputados le pusieron la ‘lupa’ al concurso de cargos en la Secretaría de Educación Departamental
La Asamblea del Magdalena, que se encuentra en sesiones extraordinarias, citó a la secretaria General del departamento, Milenis Gonzáles Jiménez, a la jefe de la Oficina de Talento Humano, Emma Peñate Aragón, al jefe Oficina Jurídica, José Torres Díaz y a la secretaria de Educación, Lorena Martínez López, para conocer y debatir sobre las presuntas irregularidades en el concurso de plantas de cargos.
En este sentido, se realizó la mesa de trabajo, a través de proposición aprobada por la plenaria, en la cual estuvieron los entes citados, el delegado de la Defensoría del Pueblo, José Miguel Olarte, el delegado de la Procuraduría del Magdalena, Alfredo Valencia Campo asesor del despacho, y el delegado del Contralor Departamental, Juan Carlos Fontalvo.
En la plenaria se debatió el tema sobre la situación de los funcionarios de la Secretaría de Educación departamental que se encuentran afectados por el concurso de méritos que adelantó la Comisión Nacional del Servicio Civil que los dejaría por fuera de sus cargos, igualmente se escuchó a los ciudadanos que ganaron el concurso de méritos y que serían las personas que se estarían posicionando en los nuevos cargos.
La Asamblea del Magdalena facilitó el espacio para que se pusiera de manifiesto cuáles eran todas esas situaciones de modo, tiempo y lugar, sobre las cuales se hizo este concurso de méritos y que hoy por hoy se tenga que dar la posesión de los diferentes ciudadanos que ganaron el mismo.
Ante este panorama, la diputada Claudia Patricia Aarón, de Cambio Radical, manifestó que, fue un espacio de conversación que se pudo dialogar sobre los problemas que puede traer para el departamento este tema, sobre todo como un posible detrimento patrimonial en el caso de estos funcionarios que hoy se sientan aludidos y perjudicados en este concurso que según ellos se llevó a cabo el debido proceso y una serie de derechos vulnerados.
“Podría acarrearle al departamento del Magdalena un detrimento patrimonial bastante oneroso, al parecer, este se hizo con unas presuntas irregularidades que los mismos funcionarios hoy manifestaron y pusieron en conocimiento a los diputados y también a los organismos de control asistentes a esta mesa de trabajo”, manifestó la diputada.
Asimismo, la diputada aseguró que los procesos deben ser con transparencias y moralidad, sobre todo en la administración pública.
“Fue lo que nos motivó a los diputados a que lleváramos este debate, con el objetivo de conocer cuáles eran los planteamientos que la administración departamental tenía que articular. Ellos realizaron sus discernimientos y manifestaron que había muchas decisiones judiciales que obligaban al Gobernador del Magdalena a darle posesión a estas personas que habían ganado a través del concurso para cada cargo específico”, enfatizó la asambleísta.
Óscar Duica, abogado de los funcionarios, mencionó que, el manual de funciones no había sido modificado y no tenía los estudios previos y argumentó a los diputados y a los entes de control los motivos por los que no se estaba procediendo el debido proceso.
“La connotación del manual de funciones es estructural y no global y a lo largo de estos años con las modificaciones y que se ha puesto en conocimiento a la administración departamental y a los órganos de control por medio de órdenes de tutela y no se conoce hoy en día la manera de verificar dónde están ubicados todos los empleados”, manifestó.
La Asamblea del Magdalena conoció el tema para que se busque una solución de fondo y que esta circunstancia sea en beneficio de todos
Los diputados de la corporación pretenden que esta situación en el fututo no vaya a haber un detrimento patrimonial para del departamento del Magdalena, indicando que serían los magdalenenses quienes tendrían que pagar estas demandas si estás surgen los efectos que los funcionarios aducen.
“Pedimos a la administración que se estudien detalladamente las hojas de vida de los funcionarios, y las circunstancias por las que atraviesa cada uno de ellos. Hay algunos que tienen actividades laborales reforzadas, algunos con enfermedades laborales. Casos que se deben tener en cuenta para poder apartar a alguien de su cargo, son aproximadamente 80 personas que quedarían sin empleo”, manifestó la diputada Claudia Aarón.
Igualmente, los diputados solicitan de manera muy respetuosa a los organismos de control, que hagan un acompañamiento en el proceso a la Gobernación del Magdalena y a los trabajadores que hoy se encuentran afectados con esta situación, para que se haga de la mejor manera y de la forma más transparente y legal posible apegado al ordenamiento jurídico. Y se le respeten los derechos y no se les vulneren de ambas partes.
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