Una mirada a la Ley de Víctimas, cuatro años después de su aplicación

Este miércoles se cumplen cuatro años desde que el Presidente Juan Manuel Santos firmara la histórica Ley 1448 de 2011 (‘Ley de Víctimas y Restitución de Tierras’) en una ceremonia a la que asistió el Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-Moon. El Estado reconocía por primera vez la existencia de las víctimas del conflicto que desde hace décadas golpea Colombia, y aún no finaliza. Ese día, Santos aseguró que esta norma buscaba “sembrar las bases de una verdadera reconciliación entre los colombianos”.

Meses después, se firmaron varios decretos con fuerza de ley que dictaban medidas para la asistencia, atención, reparación integral y restitución de derechos territoriales a las víctimas pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas (Decreto Ley 4633), al pueblo Rrom o gitano (Decreto Ley 4634) y a comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras (Decreto Ley 4635). Además, nacieron tres nuevas entidades: la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, la Unidad de Restitución de Tierras y el Centro Nacional de Memoria Historia.

Reconocimiento y registro

Para el 1 de junio de 2015 se había reconocido la existencia histórica de 7.438.023 víctimas, de las que 5.889.658 son sujetos de atención. “El Registro Único de Víctimas es una herramienta técnico-administrativa para el reconocimiento y caracterización de las víctimas del conflicto armado que permite organizar la respuesta del Estado; pero también es un mecanismo de dignificación y memoria histórica a efecto del reconocimiento del conflicto. Hoy el Estado sabe más sobre sus víctimas”, aseguró en febrero de este año la directora de la Unidad para las Víctimas, Paula Gaviria Betancur.

Un estudio elaborado por la Universidad de Harvard asegura que la cantidad de víctimas que han accedido a la reparación en Colombia, que ya alcanza las 506.100 personas, no tiene parámetro de comparación en el mundo. Colombia apunta a reparar el 12% de la población, mientras que otros países en transición sólo se plantean un registro que no supera el 1%.

Aproximadamente, el 86% de las víctimas del conflicto armado son desplazados, mientras que el 14% restante ha sufrido otros hechos victimizantes, entre los que se incluyen el abandono o despojo forzado de tierras; actos terroristas, atentados, combates, hostigamientos; amenazas; delitos contra la libertad y la integridad sexual; desaparición forzada; desplazamiento forzado; homicidio; minas antipersonal, munición sin explotar, artefactos explosivos; pérdida de bienes muebles o inmuebles; secuestro; tortura y vinculación de niños, niñas y adolescentes.

La reparación, integral y transformadora

Para abordar esta gran variedad de delitos, se decidió que la reparación podría incluir cinco medidas, aplicables según el tipo de daño y en sus dimensiones individual y colectiva, a saber: rehabilitación, medidas de satisfacción, indemnización por vía administrativa, restitución y garantías de no repetición.

La recuperación psicosocial es el primer paso para garantizar la reconstrucción del tejido social. En estos cuatro años, el Gobierno ha implementado el Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral para las Víctimas (PAPSIVI), liderado por el Ministerio de Salud y Protección Social, a través del cual se han atendido a 82.156 personas en su modalidad individual, familiar y comunitaria. Además, la Unidad diseñó la estrategia de recuperación emocional a nivel grupal, Entrelazando, en la que han participado más de 43.000 víctimas.

Con el fin de generar bienestar en las comunidades y en el entendido que los daños van más allá de lo material, se han realizado medidas de satisfacción como la entrega de 174.022 cartas de dignificación; conmemoraciones como el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas (9 abril), el de la Dignidad de las Mujeres Víctimas de Violencia Sexual (25 mayo); se ha acompañado también la entrega de restos a 1.400 familias con seres queridos que habían sufrido desaparición u homicidio, los 24 actos de reconocimiento de responsabilidad y solicitudes de perdón público, 81 iniciativas locales de memoria y 148 medidas de satisfacción en procesos de reparación colectiva.

En cuanto a la compensación económica, 506.100 víctimas han recibido su indemnización por vía administrativa, lo que les ha permitido recuperar o transformar su proyecto de vida. De estas, 163.168 decidieron voluntariamente ingresar al Programa de acompañamiento a la inversión adecuada de los recursos. El 20% eligió buscar oportunidades de inversión en vivienda; el 19% en educación; el 7% en proyectos productivos y el 3% en inmuebles rurales, entre otras opciones.

Cerca de 4.000 víctimas han accedido a estudios universitarios, gracias a las becas otorgadas a través del Fondo de Educación Superior. Otras 80.791 participaron en los talleres de educación financiera (65% fueron mujeres). Respecto a la restitución, los jueces encargados han emitido 75.122 sentencias de restitución de tierras, que abarcan algo más de 94.300 hectáreas.

El conflicto fragmentó al país, desplazó a los campesinos de sus tierras y generó miseria en las ciudades. Hoy, la Unidad para las Víctimas ha acompañado a más de 80.000 hogares en sus procesos de retorno o reubicación, bajo los principios de voluntariedad, seguridad y dignidad. Se han formulado 165 planes de retorno o reubicación en todo el territorio nacional.

En los últimos años, se han presentado desde el territorio 205 proyectos dinamizadores para procesos de retorno y reubicación, por algo más de 13.000 millones de pesos, donde la Unidad para las Víctimas aportaría el 70% de los recursos y el resto las entidades territoriales, la comunidad u otros actores estratégicos, como la cooperación internacional. Se ha logrado dinamizar procesos territoriales de retorno o reubicación, a partir de necesidades colectivas que impactan en la sostenibilidad y arraigo de la comunidad.

Reconstruir la confianza y el tejido social en dichos escenarios se torna uno de los puntos fundamentales en la futura construcción de la paz. Por eso, hasta la fecha 303 grupos y comunidades han sido incluidos como sujetos de reparación colectiva, en procesos que reconocen su resistencia, supervivencia y lucha histórica por el restablecimiento de sus derechos. Así ocurre con 134 comunidades campesinas; 81 comunidades indígenas; 71 comunidades afrocolombianas; una comunidad Rrom y 16 casos nacionales, que incluyen organizaciones de mujeres, defensores de derechos humanos, agrupaciones políticas, periodistas y sindicalistas.

Quizá una de las medidas menos conocidas, pero más valoradas por las víctimas sean las garantías de no repetición: saber que las violentas situaciones que se vivieron no vuelvan a ocurrir. Para ello, la Unidad para las Víctimas ha impulsado, junto con las entidades del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV), el diseño de políticas de prevención de reclutamiento forzado, una estrategia para el acceso a la justicia de las víctimas, acciones conjuntas en materia de reconciliación e investigaciones sobre identificación de patrones culturales, entre otros aspectos.

Evitar nuevas víctimas, el objetivo de la prevención

Los desafíos de reparar en medio del conflicto armado son enormes y nos impelen a seguir mitigando los hechos violentos que aún persisten, convirtiendo a la Unidad para las Víctimas en el principal agente humanitario del país. “Desde el inicio de la ley hemos atendido el 100% de las emergencias humanitarias y hemos dado respuesta a más de tres millones de solicitudes de atención humanitaria, por un valor de 2,6 billones de pesos”, aseguró Paula Gaviria.

Si bien el desplazamiento forzado entre 2010-2014 descendió en un 47% con respecto al cuatrienio anterior, la Unidad para las Víctimas ha mantenido su labor de fortalecimiento de infraestructura social y comunitaria y de asesoría técnica a las entidades territoriales para la formulación de planes de contingencia para atender emergencias. Desde octubre de 2012, con una inversión superior a los 22.000 millones de pesos, se han llevado a cabo cerca de 300 proyectos como la Casa del Balcón en Chibolo (Magdalena), la construcción de seis dearadés(viviendas tradicionales) en el Alto Andágueda y la construcción de tres puentes en San Carlos (Antioquia), obras que definitivamente han mejorado la calidad de vida de las comunidades.

Todo un sistema de entidades por las víctimas

La implementación de las medidas antes mencionadas requiere de la coordinación del Sistema Nacional para la Atención y Reparación integral a las Víctimas, integrado por entidades del nivel nacional (ministerios, agencias, programas, etc.), entidades territoriales (gobernaciones y alcaldías) y demás instituciones que tengan que ver con la ejecución de la política pública para víctimas (ONG, cooperación internacional y otros). A través de dicho Sistema se gestiona la oferta institucional para que las víctimas tengan acceso a iniciativas que contribuyan a la generación de ingreso, empleo, vivienda, salud y educación, entre otros.

La voz de las víctimas, fundamental en estos cuatro años

Según la directora de la Unidad para las Víctimas, “la participación de las víctimas en sus propios procesos de reparación es fortalecer el Estado de Derecho”. Por ese motivo, se escogió este 10 de junio, cuarto aniversario de la Ley 1448 de 2011, para instalar oficialmente la segunda Mesa Nacional de Participación Efectiva de las Víctimas, en la que 300 representantes de víctimas de todo el país y todos los hechos victimizantes elegirán a sus delegados para el período 2015-2017.

Este trabajo inició a partir de la redacción de un “Protocolo de participación efectiva de las víctimas”, que fue construido a partir de un amplio ejercicio deliberativo, y recoge diversos puntos de vista de la sociedad. Las mesas de participación municipales, departamentales, distritales y nacional han desempeñado un papel determinante en las discusiones sobre víctimas.

“Ellas son las protagonistas de este 10 de junio. Las víctimas se han convertido en un ejemplo de cómo sobreponerse a la adversidad e involucrarse decididamente y de manera democrática en las decisiones relacionadas con la garantía de sus derechos”, concluyó Paula Gaviria Betancur.