JEP acredita como víctimas del conflicto la Sierra Nevada y a sus cuatro etnias
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) acreditó al Territorio ancestral, sagrado y colectivo de la Sierra Nevada de Gonawindua (Santa Marta), delimitado por el sistema de sistema de sitios sagrados de la Línea Negra, y a los Pueblos Indígenas Iku (Arhuaco), Kággaba (Kogui), Wiwa y Kankuamo como víctimas del conflicto armado.
Esta acreditación hace parte del proceso judicial que adelanta la magistratura en la Sierra Nevada de Santa Marta y algunos municipios de la Serranía del Perijá.
Esta decisión fue tomada por las solicitudes presentadas por los Pueblos Indígenas y sus procesos organizativos, y la información presentada sobre los hechos victimizantes y los daños graves, diferenciados y desproporcionados sufridos durante el conflicto armado.
En los informes se expuso la violencia ejecutada a través de: asesinatos selectivos, desapariciones forzadas, desplazamientos forzados y confinamientos, despojos, torturas, violencia sexual y basada en género, profanación de sitios sagrados y destrucción del Territorio y la Naturaleza, entre otras conductas; cometidas en contra sus líderes, lideresas, autoridades tradicionales, estructuras organizativas, mujeres y niñas y el Territorio, poniendo de manifiesto el impacto en los planes de vida individuales y colectivos y en su existencia física, cultural y espiritual.
Por su parte, acreditar como víctima al Territorio ancestral, sagrado y colectivo de la Sierra Nevada de Gonawindua (Santa Marta) constituye su reconocimiento como sujeto de derechos a partir de la cosmovisión, los sistemas de conocimiento y los sistemas jurídicos de los cuatro Pueblos Indígenas.
El Territorio de la Sierra Nevada de Gonawindua hace parte del corredor del conflicto armado denominado “Sierra Nevada de Santa Marta y Serranía del Perijá”, uno de los 17 corredores identificados por la Comisión de la Verdad en el capítulo “Resistir no es aguatar. Violencias y daños contra los Pueblos Étnicos de Colombia” del Informe Final “Hay Futuro si hay Verdad”.
Con la decisión de acreditación se materializan los derechos de participación que tienen las víctimas ante la JEP y los principios de pluralismo jurídico y diversidad étnica y cultural.
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