Multa millonaria a Movistar por “amarrar” a usuarios con deuda fantasma

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) sancionó a Movistar con una multa superior a los $3.000 millones, tras determinar que la compañía diseñó e implementó una estrategia comercial que restringía de forma indebida el derecho de los usuarios a cambiar de operador móvil manteniendo su número telefónico.

Según explicó la entidad, entre enero de 2021 y febrero de 2023, la empresa aplicó el programa “Bono Fidelización Prepago Siempre Conectado”, dirigido a usuarios del servicio prepago que hacían recargas mensuales iguales o superiores a $18.000 o $20.000. A estos clientes se les otorgaba un bono adicional de 10 minutos Todo Destino y 100 MB para WhatsApp, valorado en $1.500.

Aunque el bono era presentado como un beneficio “condonable” al final de cada mes si el usuario permanecía con Movistar, en la práctica se convirtió en una deuda artificial que impedía el proceso de portabilidad. La SIC encontró que, cuando un usuario intentaba cambiarse de operador, la solicitud era rechazada bajo el argumento de una mora por $1.500, sin que el cliente supiera o hubiese aceptado previamente tal obligación.

“La estrategia generó una barrera artificial e injustificada que afectó directamente el derecho de los usuarios a elegir libremente su operador”, indicó la Dirección de Investigaciones de Protección de Usuarios de Servicios de Comunicaciones.

Para la SIC, esta conducta no solo vulneró los derechos de los consumidores, sino que alteró las condiciones de competencia en el mercado de telecomunicaciones. La multa busca enviar un mensaje claro a los operadores sobre la obligación de respetar la libertad de elección de los usuarios y evitar prácticas comerciales engañosas o restrictivas.

Movistar podrá interponer recursos de reposición o apelación ante la Delegatura para la Protección del Consumidor. La Superintendencia, por su parte, reiteró su compromiso de seguir vigilando el comportamiento de las empresas del sector y de actuar ante cualquier práctica que limite los derechos de los usuarios.