Tribunal confirma que el ‘Morro Gaira’ es público y rechaza millonaria indemnización

La decisión debe ser acatada de manera inmediata.
El centro penitenciario entrega únicamente 20 toallas higiénicas cada tres meses a las mujeres privadas de la libertad, afectando su salud y exponiéndolas a infecciones.
El fallo responde a una acción popular de los Personeros de Barranquilla y Santa Marta, motivada por las quejas ciudadanas sobre las altas tarifas en la región Caribe.
La Fiscalía tiene un plazo de diez días para cumplir la orden
La magistrada manifestó su impedimento para resolver demanda de nulidad electoral contra Pinedo.
Gracias a las investigaciones adelantadas por la defensora de DD.HH Norma Vera, el tribunal confirmó la reincidencia en crímenes sexuales por parte del exjefe paramilitar.
Los líderes solicitan un estudio técnico a la Alcaldía Distrital de Santa Marta que cumpla los parámetros legales vigentes que permita fijar la nueva tarifa de transporte.
Fue designado el pasado 1 de diciembre de 2022.
El ex jefe paramilitar reconoció como financiadores de las AUC a varios empresarios del Caribe.
Para evitar quejas por difusión de video, el tribunal no envió el link de Zoom.
El Tribunal Superior de Santa Marta declaró improcedente la solicitud del presunto jefe del secuestro de Melissa Martínez.
Consejo de Estado ratifica en segunda instancia nulidad en elección del congresista, sin embargo, no lo declara "muerto" políticamente.
El proceso, llamado nulidad de traslado, estuvo a manos del abogado Luis Toribio Ceballos, socio de la firma Ceballos y Palacio.
Tras la filtración del video en el que se ve al actor Pablo Lyle golpeando al hombre que resultó muerto, se fijó una fianza de 50.000 dólares y prohibición de salir de Miami.
El Tribunal de Bogotá absolvió al médico hace una semana y la delegada de la Procuraduría General de la Nación asegura que el hombre no cometió ningún delito.
La disputa, que inició en redes sociales y luego pasó a los tribunales no terminó en feliz término para el caricaturista a quien, según el juez sus derechos “a la buena honra, el buen nombre y la rectificación” no se vieron vulnerados.