La interminable caducidad del contrato del chance de Aposmar

El tema de la adjudicación del chance del Magdalena a Aposmar, empresa que pertenece al clan de Enilse López, la Gata, ya se está convirtiendo en paisaje mediático. Desde diciembre, cuando el Gobernador del Magdalena expidió un acto para caducar el contrato del chance a esta empresa, se han dado una serie de dilaciones que hace que el lector pierda el hilo de la historia. Por esa razón, en Seguimiento.co se la reconstruimos:

El tema de Aposmar entró a la esfera pública por una investigación del periodista Polo Díaz-Granados (vinculado a este medio de comunicación) en el diario El Heraldo de Barranquilla. Dicha publicación reveló detalles ocultos sobre la manera en que, en diciembre de 2012, la Gobernación del Magdalena adjudicó la operación de los juegos de suerte y azar a la empresa de Enilse López, incluso, antes de que se adjudicara en el departamento de Sucre, donde finalmente estalló la bomba mediática que resultó con una sanción disciplinaria por parte de la Procuraduría al gobernador Julio Cesar Guerra Tulena. 

En el marco de estas publicaciones periodísticas, una fuente de la Procuraduría General de la Nación reveló al periodista que, luego de que en junio de 2014 la Fiscalía General de la Nación se tomara las instalaciones de Aposmar para investigar el presunto delito de lavado de activos a favor del jefe paramilitar Salvatore Mancuso, la Gobernación buscó ayuda para encontrar vías que permitieran acabar el contrato. Sin embargo -aseguró en ese momento la fuente- pese a que se habían comprometido a adelantar una actuación administrativa, la Secretaría del Interior del departamento no se había movido en el tema. 

Menos de un mes después de las publicaciones de El Heraldo, el gobernador Luis Miguel Cotes expidió la Resolución 1872 del 16 de diciembre de 2014, fundamentada en las indagaciones de la Fiscalía General de la Nación que, a su vez, había ordenado la intervención de Aposmar, la cual viene siendo operada por la Sociedad de Activos del Estado (SAE) desde que se dieron las capturas del clan de la Gata. La resolución de la Gobernación ordenaba la realización de una audiencia para escuchar a las partes, antes de que se tomara una decisión que acabara el contrato. 

Ola de audiencias

La primera sesión de las audiencias se llevó a cabo el martes 20 de enero en el Palacio Tayrona. Después de escuchar los argumentos de la Gobernación, la SAE se defendió diciendo que la Gobernación solo se basaba en un proceso de extinción de dominios para pretender caducar el contrato, y que "carecen de cargos concretos". 

Defendiendo sus intereses de continuar con la concesión, la Sociedad de Activos del Estado pidió a la Gobernación que le mostrara con hechos jurídicos que la valoración del material probatorio de la Fiscalía en contra de Aposmar, afectara realmente la ejecución del contrato. De ese modo, se programó una nueva audiencia para el 27 de enero. 

El falso documento

Un día antes de que se llevara a cabo la audiencia del 27 de enero, se filtró a la revista Semana.com y a El Heraldo la supuesta prueba que iba a llevar la Gobernación a la audiencia. Se trataba de un concepto esbozado por la Fiscalía General de la Nación, en el que precisa que en razón a que Aposmar fue dejada a disposición de la Dirección Nacional de Estupefacientes, DNE, “es viable ordenar la caducidad del contrato y por ende su liquidación”. El oficio estaba fechado el 22 de enero de 2015, firmado por Marta Rocío Castro, asistente del Fiscal 11 delegado, y supuestamente estaba avalado por el propio Fiscal General, Eduardo Montealegre. 

Cuando llegó la hora de la segunda reunión de la audiencia, el 27 de enero a las 9:00 a.m., de manera sorpresiva la oficina de Comunicaciones de la Gobernación anunció un aplazamiento por "motivos de fuerza mayor". La nueva fecha de la audiencia fue programada para el lunes 2 de febrero. 

24 horas después de la fallida audiencia del 27 de enero, una nueva publicación de la Revista Semana dejó ver las razones del aplazamiento: según la Gobernación, el documento que recibieron del Fiscal 11 en el que supuestamente el propio Fiscal autorizaba la caducidad del contrato de Aposmar y su respectiva liquidación, resultó siendo falso, pues el fiscal 11 delegado había enviado un oficio rectificando que él no había suscrito "concepto, opinión ni informe alguno con relación a la procedencia o improcedencia de la declaratoria de caducidad del contrato que la Gobernación suscribió con la empresa”. 

A raíz del episodio del documento falso, el gobernador del Magdalena dijo en declaraciones públicas que existía un cartel de falsificadores de documentos, con el cual se pretendía inducir a que el gobernador caducara el contrato. La situación le puede dar a la Gobernación la oportunidad de reversar la caducidad utilizando el argumento del supuesto 'cartel de falsificadores con intereses ocultos'. Así podrían quedar como el que hizo la tarea, pero evitó llegar hasta las últimas consecuencias para no ceder ante los supuestos intereses de terceros. 

En este ambiente se llevó a cabo por tercera vez la audiencia en el Palacio Tayrona, donde la Gobernación decidió denegar las pruebas que la SAE había solicitado, y finalmente enfocarse en determinar si caducan o no el contrato. 

Como ha venido sucediendo, estas audiencias las preside el actual secretario de Educación del departamento, Eduardo Arteta Coronell, y no el gobernador del Magdalena, Luis Miguel Cotes. Una fuente cercana al tema le confirmó a Seguimiento.co que dicho reemplazo no se da por problemas de salud que obligan a que Cotes se ausente (versión oficial), sino porque realmente es Arteta quien ha sido el conocedor y encargado del tema de Aposmar desde que era secretario del Interior del departamento. La cuarta sesión de la audiencia será el 13 de marzo.