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Lunes 21 de Noviembre de 2016 - 8:30pm

El cuento del gallo capón

Se pensó que con la expedición de las leyes 142 y 143 de 1994 se acabarían de tajo los graves problemas que se presentaron en la década de los 80 y 90 con las empresas estatales de servicio público que se administraban desde los municipios y desde el sector nacional en cabeza del gobierno, lo cual resultaron incapaces a la hora de responder por las tarifas, cobertura y el mantenimiento del sistema, sin olvidar la descabellada intromisión de la politiquería con nombramientos de gerentes que pagaban los favores con fracciones presupuestales en los municipios, y lo que el gobierno realizó en su oportunidad de forma contradictoria e ineficiente cuando no estableció un equilibrio entre los niveles de la tarifa nacional con las del mercado y la devaluación junto con los distribuidores y generadores, contribuyendo más al quiebre de todo el sistema, encareciendo aún más los intereses y préstamos que se hicieron a las entidades financieras en la construcción de nuevas termoeléctricas e hidroeléctricas, ampliación de la interconexión y redes que no se entregaron a tiempo, el deficiente consumo y la crisis financiera que ni el mismo Banco de la República pudo atajar por el incrementado hueco fiscal en la concentración de la deuda.

Una y otra, independiente de los ajustes funcionales del estado -Constitución del 91- y de la nueva inclusión de la dinámica de la economía de mercado –neoliberal- que implantó el entonces presidente Cesar Gaviria en los años 90, limitaron el excesivo gasto inapropiado de sustentar el sistema en lo público y desplazarlo en cabeza de los operadores privados, que por cierto, siguen incumpliendo con los principios mínimos en los índices de eficiencia, en los indicadores de gestión y en las normas de calidad definidas.

En el caso electricaribe, siempre hubo amenazas en el pasado de intervención por las constantes fallas en la prestación del servicio, sin que gobernadores, alcaldes y congresistas refutaran por el apego contractual que los unió en el pasado con la empresa y que se denunció sin eco. Al parecer el hoy interventor ha encontrado contratos irregulares que comprometen las actuaciones de la compañía y que prorrogaran la oficiosidad de la Superservicios.

No es sorprendente que electricaribe haya incumplido en su competencia financiera de 112 mil millones de pesos con los generadores, ni que administrativamente haya podido con la permanencia del servicio, por cuanto su insolvencia si bien se ha debido no solo a su falta de diligencia como operador con el mantenimiento y la ampliación de redes, sino con el cobro y la reinversión que no se ha visto ni se vio reflejado en lo que prestaba y en lo que se recibía en lo final por el suscriptor.

Cabe agregar, que no solo es la culpa de esta empresa por el mal servicio, también hay que revisar los costos entre generadores, distribuidores y comercializadores que obligaron a esa a entrar hoy en cesación de pagos, sin verificar la compra en bloques –prepago-, los precios fijos por el termino del contrato, el fenómeno del niño, las imprevisiones, las especulaciones que hay entorno a la base tarifaria del kilovatio que se incrementó entre los últimos años entre un 50% y 300%, obligando a la empresa a demandar –porque será- al estado ante un tribunal de arbitramento por cada una de las variables de generación, transmisión, distribución, perdidas, restricciones y comercializaciones.

No hay que olvidar que la CREG ha enviado mensajes equivocados con las resoluciones que expide, específicamente con la 029/16, donde disfrazó el supuesto derroche del servicio de los usuarios con sanciones e incrementos en las facturas, y resultó que era para tapar la descabellada perdida del cargo de confiabilidad que debía sostener la infraestructura energética y evitarnos apagones -y para allá vamos-, y que en efecto la desapareció –según se dice por algunos medios- el gobierno o la misma comisión y de la que hoy no se sabe dónde está y de la que los órganos de control no dan iguales respuestas.

Lo que le sorprende a los costeños son las declaraciones de hace algunos días de ciertos representantes en el congreso -que no se sabe por qué-, cuando señalan que la EPM debe prestar el servicio en la costa, y aunado a ello la insistencia del Concejo de Medellín de que se haga efectiva esa prestación, la cual es sumamente ilegal cuando es la 143/94 quien limita la participación de otros operadores, sin embargo, no se desconoce la trayectoria de la EPM en el mercado, pero querer imponer la llegada de un operante sin que se cumplan los términos de intervención y agotamiento de los requisitos que la misma ley contempla con respecto al operador vigente, es deducir el interés sujetado de algunos en apresurar la arribada de esta misma.  

No obstante, lo que se verifica es la misma situación de hace más de 40 años, cuando se intervino a una empresa que no ha querido admitir su responsabilidad en el manejo que le dio a la ejecución operativa y a su negativa comunicación de violación flagrante a los derechos de los usuarios, y en su defecto, a la maniobra irregular con que la comisión y el gobierno le han dado al tema de la política energética sin intervención oportuna, desconociendo el interés de la inversión y el equilibrio contractual de las partes, y ante todo alejando la inversión extranjera, convencida de que cada vez les da panico invertir en el país o irse por los elevados costos de sostenimiento en otros servicios.

Un compás de espera.    

                                                                                                                                    ---o---

Como era de esperarse, el Gobierno maquilló el acuerdo de paz y lo someterá a iniciativa legislativa independiente de la refrendación popular que le impone el acto legislativo para la paz 01/16. Se impuso la dictadura.

@JorgePerezSolan 

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