Los escenarios pos-configuración del crimen organizado en Santa Marta

Comencemos por la comprensión básica de lo que es, a todas luces, un problema estructural que nunca (y menos ahora) se ha pensado en resolver. La violencia tiene múltiples manifestaciones que se miden en la cotidianidad y en su instrumentalización como mecanismo de mediación. En el Magdalena, nadie se ha preocupado por la seguridad pese a que saben muy bien que la ilegalidad solo es posible dependiendo del papel activo de los agentes legales, políticos y económicos, en ciertos niveles de orden y estabilidad.

Las economías subterráneas son importantes desde la medición de la ilegalidad. En este caso desde el narcotráfico y el contrabando que data desde hace décadas en la Sierra Nevada de Santa Marta; aunque el término abarca una pluralidad mayor, solo referiré a estas dos y su relación con el tiempo y el espacio. La marihuana llega junto con la terminación de la Troncal del Caribe (1974) y con ella la posibilidad de comunicarse entre departamentos. El contrabando es más antiguo, pero en efecto la Troncal del Caribe abre un universo de posibilidades. Hernán Giraldo empezó como marimbero (al menos así lo indican las investigaciones académicas); como comprador en zonas como la Reserva, allí armó su primer combo y luego, después de las aspersiones con Paracuat, migró a la región de la Aguacatera y el Mamey, donde a mediados de los 90 empezó la bonanza cocalera.

La bonanza marimbera abrió una nueva forma económica (de hecho, varios de los grandes políticos y apellidos notorios de familias influyentes de esta época tienen su origen en esa bonanza) y los primeros narcos vienen de allí. Algunos lavaron su dinero a partir de la ventanilla siniestra y otros, como en el caso de Giraldo, enfilaron a las armas y los grupos tipo paramilitar y mucha de su riqueza la orientó hacia sostener el aparato de poder y financiar funciones vitales del Estado. Giraldo llegó a pagar hasta profesores. Esto hace parte de la función de los mecanismos totalitarios, que pese a que su dinero proviene de la ilegalidad invierten en quitarles un poco a las comunidades de su miseria y con esto se erigen como dueños del territorio. ¿Acaso quien le dio la potestad a Giraldo de vender en franquicia la vertiente nororiental de la Sierra Nevada a los Mejía Múnera? La vendió porque asumió que era suya y absolutamente nadie, hizo y dijo algo. El otro año, con el retorno de estos dos, veremos los resultados de esta venta que incluyó: rutas, veredas, negocios y personas.

Luego de la desmovilización (2006) la actividad micro-empresarial de la violencia consistió en sostener las redes criminales y la renta criminal y diversificarla: aparecieron los paga diarios, los serenos, la micro-extorsión y los cobros. La venta y compra de carros y por supuesto, las invasiones (Pozos Colorados y Villa Paraco es un ejemplo de ello). Las Ollas, que antes eran prohibidas, no solo empezaron a ser manejadas por ellos mismos (paras) sino que las surtían. Se racionalizó la violencia a partir de la diversificación de la economía y en zonas rurales, el pago por seguridad privada y un sistema de micro-franquicia que consiste, léalo bien, consiste en el pago por no tener competencia; dicho de otra forma: vaya, como cualquier emprendedor, a vender cerveza, pan o leche, a ver si se lo permiten. Vaya, como cualquier empresa turística a operar turismo a Ciudad Perdida, a ver qué le pasa.

Todo esto lo saben las autoridades y los gobernantes, de modo que si hay que buscar culpables, no los busquen entre las personas del común. En Santa Marta, el gobierno alternativo, no ha invertido lo suficiente en la zona rural para modificar las prácticas sociales asociadas a la violencia y al mercado paramilitar. Los Planes Integrales de Seguridad y Convivencia, 2012 (Caicedo) y 2016 (Martínez) terminaron engavetados. No se les hizo evaluación, ni seguimiento; no se aplicaron, pese a que costó un dinero importante su elaboración con el enfoque de la ONU sobre el concepto de seguridad humana.

El próximo año, llega Giraldo; también Miguel Ángel Mejía Múnera, quien invirtió en 2008, 4 millones de dólares por el territorio que le vendieron y llegan sin ningún tipo de prohibición, de movilidad, ni de acercamiento con las víctimas; incluyendo -las de violencia sexual: más de 200. Ojalá la Fiscalía les imputara a estos dos, las alteraciones al territorio y la persistencia de la violencia, que si la medimos en homicidios son más de mil. Esto sin contar: desapariciones, extorsión y desplazamiento forzado, porque los dos son responsables. El primero por vender y el segundo por comprar.

La muerte de alias Chucho Pachenca y de alias 80, solo confirma algo que siempre hemos advertido: no son los “jefes” pese a que tienen cierto nivel de autonomía. Elevar la solicitud de que sean tomados como Grupo Armado Organizado es bueno, pero en teoría, es confuso: ¿se les puede dar un tratamiento dentro marco del Derecho Internacional Humanitario (DIH)? Solo hay que leer la Resolución Permanente 0015 del 2016, “Mediante la cual se expiden los lineamientos del Ministerio de Defensa Nacional para caracterizar y enfrentar a los Grupos Armados Organizados (GAO)”, reconociendo el crecimiento de las BACRIM y reclasificándolas, por una parte, como Grupos Armados Organizados (GAO) y por otra, como Grupos Delictivos Organizados (GDO). Habría que preguntarle al gobernador ¿qué busca con esto? Porque a todas luces tiene la posibilidad de ser contundente o al menos exigirla. Además la estabilización del territorio y brindar y garantizar la seguridad es un derecho amparado y tanto el gobernador como la alcaldesa, tienen herramientas constitucionales para garantizarlo.    

De modo que la trasformación de la violencia, solo y (únicamente) se da en la proporcionalidad de la inversión y la garantía de los derechos fundamentales. En la Troncal del Caribe no existe una sola Casa de Justicia o un centro de Resolución de Conflictos; no hay un inspector de policía permanente: el nombrado va una vez a la semana, siempre y cuando no se cruce con algún operativo de la Secretaría de Gobierno y eso que la anterior inspectora fue capturada por Concierto para Delinquir Agravado. Esto es solo un ejemplo en un Distrito de 2.393,35 km2 de los cuales 2.227.13 Km2 son rurales y desde donde toman decisiones los violentos.

Este año, los homicidios van a seguir y así no la pasaremos entre consejos y más consejos de seguridad. El otro año, será lo mismo, como ha venido pasando durante los últimos 14 años, porque no hay nada que nos indique que esto va a cambiar. En el 2016, se capturaron más de 150 personas de los Pachencas; en 2017, también y ninguna llegó a una sentencia condenatoria, de modo que las capturas sin condenas no dejan de ser o falsos positivos judiciales o la carencia de elementos probatorios o una medida mediática para dar tranquilidad a los incautos.

Hay que prestar atención (especial atención) a los que salieron de las cárceles –incluyendo a los ex975- que sin afán de criminalizar, retornan de espacios en los que no hubo resocialización. Hay que prestar atención a quienes fueron perpetuadores de múltiples crímenes, tenemos personas en las calles que de su propia mano han asesinado a más de un centenar de personas… hay muchos y tenemos un territorio predispuesto para la llegada de dos de los más grandes criminales que ha tenido el distrito de Santa Marta, a todas estas, ¿es esta situación de violencia incrustada y economías subterráneas, la carta de presentación al Plan 500 años? Hay que prestar atención al COVID-19, que tiene a un número importante de jóvenes (mototaxistas, guías turísticos, vendedores y hasta empleados) en la quiebra: son presa fácil para un grupo que les ofrezca un sueldo mensual de un millón doscientos mil y hay que prestar atención, alcaldesa, de revelar las estrategias, no se le olvide que la delincuencia se balancea entre el factor riesgo y oportunidad y el factor sorpresa no deja de ser un aliciente.