Tribunal decreta pérdida de investidura contra la exdiputada Elizabeth Molina

En fallo dictado recientemente en la Sala Plena del Tribunal Administrativo del Magdalena determinó que la exdiputada Elizabeth Molina Campo incurrió en una falta gravísima que le costó su muerte política en primera instancia. 

La decisión responde a la demanda interpuesta por los ciudadanos William Jácome y Germán Percy, quienes denunciaron irregularidades en la actividad contractual de la exfuncionaria.

Molina, quien fue diputada en el periodo 2020 - 2023, terminó su mandato el 31 de diciembre de 2023. Sin embargo, el proceso acreditó que: 
En febrero de 2024 (solo dos meses después de dejar el cargo) firmó un contrato con la Alcaldía de Ciénaga.

En octubre de 2024 suscribió un segundo contrato con la misma administración municipal.

Según la Ley 2200 de 2022, los diputados tienen prohibido celebrar contratos con entidades del sector público en el nivel territorial respectivo dentro de los 12 meses siguientes a la terminación de su periodo.

La defensa de la mujer intentó desestimar la demanda argumentando que la prohibición solo aplicaba para contratos con la Gobernación del Magdalena y no con los municipios, al ser estos entes autónomos. 

No obstante, el Tribunal desestimó esta tesis y la del Ministerio Público, ratificando que el régimen de incompatibilidades busca evitar que el prestigio o los contactos derivados del cargo de diputado sean utilizados para obtener beneficios contractuales en el mismo territorio donde se ejerció poder.

¿Qué significa la pérdida de investidura?

De quedar en firme esta decisión (tras una posible apelación ante el Consejo de Estado), Elizabeth Molina Campo quedaría inhabilitada de por vida para ejercer cargos de elección popular, lo que se conoce comúnmente como la ‘muerte política’.