Es difícil que las familias de los pescadores asesinados en Puebloviejo se sienten con el hijo de 'Jorge 40': Norma Vera

El nombramiento en la Dirección de Víctimas -cartera del Ministerio del Interior- de Jorge Rodrigo Tovar, hijo de Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’, comandante del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), ha generado polémica en las redes sociales y en la ciudadanía colombiana. La defensora de los Derechos Humanos e investigadora en el Magdalena, Norma Vera Salazar, dijo que fue un desatino del Gobierno esa designación.
Vera Salazar señaló que para hablar del nombramiento de Jorge Rodrigo Tovar hay que hacer un contexto del accionar de su papá al mando del Bloque Norte de las AUC, que tuvieron presencia en el Magdalena, Cesar y La Guajira.
“Por datos de la Fiscalía existen 20 mil hechos delictivos atribuidos al Bloque Norte, 25 mil personas afectadas; estamos hablando de un impacto inmenso, el segundo impacto más grande en el país producto del proceso de las autodefensas que generaron una cantidad de hechos violentos”, indicó.
Manifestó que no existen delitos de sangre, “nadie es culpable por los delitos cometidos por un miembro de su familia, pero si es culpable por las aseveraciones, por los testimonios y las posiciones políticas que se tengan”.
Agregó que en lo personal es muy difícil santiguarse de la posición de padre y el hijo, explicando que Rodrigo Tovar debe tener una posición definida con su familia y su papá. “Sin embargo, a la luz y a la mirada de la Fiscalía, de la Unidad de Víctimas y de los hechos de la historia, su padre cometió crímenes atroces”.
Destacó que el nuevo jefe de la dirección de Víctimas a través de las redes sociales ha manifestado que su padre es un preso político en los Estados Unidos, “teniendo en consideración que está claro que el delito de narcotráfico es conexo al accionar delictivo de las Autodefensas, es decir que varios paramilitares extraditados, entre ellos Mancuso y Hernán Giraldo, han reconocido la conexión con el delito de narcotráfico”.
En este mismo sentido, Norma Vera Salazar explicó que, a pesar de los hechos, Jorge Tovar -padre- siempre ha manifestado que no hizo parte de los negocios de narcotráfico.
“Existe un conflicto ético y moral, porque a pesar que no existen los delitos de sangre, el hijo ha manifestado a través de las redes sociales, hay pantallazos distribuidos donde él da cuenta que su padre es un preso político, es totalmente falso, 'Jorge 40' es un delincuente que ocasionó la muerte de miles de personas y generó una cantidad de conductas delictivas que marcaron la historias de tres departamentos del Caribe colombiano.
En este mismo sentido, admitió que cuando existen este tipo de implicaciones éticas y morales, es necesario que el accionar público se pueda separar. “Es muy complicado poder separar las relaciones éticas y morales de sus implicaciones familiares, de respeto a su padre. Frente al tema de la idoneidad también podemos presentar serios reparos porque en la hoja de vida que muestra no tiene ninguna experiencia en los temas asociados a víctimas”.
Igualmente, la defensora de Derechos Humanos admitió lo difícil que debe ser para las víctimas exponer su caso al hijo de un paramilitar. “Por ejemplo, la asociación de víctimas de Puebloviejo, donde fueron asesinados 25 pescadores, debe ser muy complicado sentarse frente a un funcionario que ha manifestado que su padre es un criminal político, que está condenado por condiciones políticas y no realmente por ser un paramilitar confeso y también pedirle a un funcionario que es hijo de un condenado paramilitar que entienda desde la posición de víctimas la dinámica del conflicto”.
Vera Salazar enfatizó que el Gobierno con este nombramiento el Gobierno no toma en consideración la memoria colectiva de las víctimas. “Aunque estemos entrando en una fase de reconciliación, la memoria es dolorosa, estamos hablando de 25 mil personas que fueron afectadas precisamente por el accionar delictivo de un comandante como 'Jorge 40'. Aún los dolores de todas las personas que perdieron a sus familiares, que fueron masacrados, que fueron violadas, todos los asesinados, desplazados, el dolor esta latente porque los mecanismos de reparación no han sido efectivos en los gobiernos locales, la política nacional ha sido muy débil y se va a generar una inmensa desconfianza en el Estado”, consideró.
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