Distrito gana la batalla jurídica por el Mercado Público de Santa Marta

Un fallo producido por el Juzgado Séptimo Administrativo de Santa Marta podría dar por terminado una pelea jurídica que viene dando la Alcaldía de Santa Marta desde el año 2014 por recuperar la propiedad de tres lotes donde actualmente se encuentra ubicado el nuevo mercado público de la ciudad. 

El 5 de mayo de 2014, el entonces alcalde Carlos Caicedo expidió un acto administrativo para terminar de manera unilateral el contrato de concesión 001 de 2002. Sin embargo, la sociedad Obras y Proyectos del Caribe SA se había negado a devolver los bienes públicos que tenía en su poder, lo que conllevó a que tiempo después se iniciara una acción popular, cuyo fallo se produjo este 24 de noviembre. 

En esta sentencia, a la que tuvo acceso Seguimiento.co, la jueza Viviana Mercedes López Ramos impartió "aprobación al pacto de cumplimiento" logrado entre las partes, es decir, entre la Alcaldía de Santa Marta y la concesionaria a la que le terminaron el contrato dos años atrás. 

En virtud de esto, la concesión se ve obligada a la "desafectación y devolución de la propiedad y derecho sobre los predios concesionados en su totalidad al Estado". Se trata de tres inmuebles donde se encuentra construido el nuevo edificio del mercado público de Santa Marta (que son el antiguo lote del mercado público, la plazoleta de taxis y la estación El Pueblito, donde ahora funciona la plaza de mercado, la galería comercial y las plazas de comidas, pescados y mariscos que actualmente está en construcción. 

No obstante que estos bienes ya se encontraban temporalmente a cargo del Distrito de Santa Marta, el Juzgado ordena que la devolución de los predios se realice "en forma inmediata (...) pues dicha estipulación no fue sometida a ningún plazo o condición". 

La concesionaria cuenta con un plazo de 30 días hábiles para adelantar las labores de "registro y devolución de la propiedad", para lo cual se dispuso de un comité de verificación que estará integrado por la Personería del Distrito de Santa Marta, un delegado de la Defensoría del Pueblo, un representante del Distrito de Santa Marta, un delegado de la Sociedad Concesionaria Obras y Proyectos del Caribe S.A., un representante de los vendedores del mercado público, de la galería comercial, de los comedores populares y del mercado de mariscos; asi mismo, un agente del Ministerio Público actuará como coordinador para que "vigilen el cumplimiento de la fórmula de solución del conflicto". 

Se espera que en junio de 2016, dicho comité envíe un informe al juzgado donde se dé cuenta del cumplimiento del fallo.