Exgerente de Corpotayrona, capturado por presuntas irregularidades en el parque Taykú

La Fiscalía General de la Nación desarrolló un operativo este jueves en el que capturó al exgerente de Corpotayrona Pedro Bonilla Barreto, involucrado a las irregularidades cometidas con la construcción del denominado Parque Taykú, un gran proyecto planteado en el lote del antiguo Rumbódromo, y que terminó convertido en uno de los elefantes blancos más visibles de la ciudad. 

Bonilla Barreto fue detenido junto a Ómar Guerrero y Frank Nobles, todos exsecretarios de la Gobernación del Magdalena para la época en que se dieron los hechos, y quienes al parecer también están involucrados en la misma investigación.

Las personas capturadas fueron trasladadas a la sede del CTI en la capital del departamento.

Los detenidos desempeñaban cargos que los involucraba al proceso del proyecto parque Taykú desde la Gobernación del Magdalena, por lo que ahora tendrán que dar explicaciones por los hechos que sucedieron en el año 2006. 

Por las presuntas irregularidades en el Parque Taykú también se adelantan investigaciones en la Contraloría, que vinculan al exgobernador del Magdalena Omar Diazgranados y otros altos funcionarios de su momento. 

Se conoció que se expidió una orden de captura en contra de Sandra Rubiano, que se desempeñó como gobernadora encargada. Las autoridades indican que Rubiano Layton se encuentra huyendo de la justicia. 

La investigación que se desarrolla contra estas personas es por la presunta comisión del delito de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales e interés ilícito en la celebración de contratos.

Cabe recordar que en año 2006, la administración departamental determinó la construcción de las obras del parque y contrató con la Unión Temporal Tayku. A esta empresa le fueron girados 1.600 millones de pesos, que representaban el 50 por ciento del monto total del contrato. Posteriormente, se determinó una adición de 741 millones de pesos para la conclusión de la obra.

En el parque se hicieron obras por solamente 1.600 millones de pesos;  sin embargo, el contrato se tramitó, se celebró y fue liquidado en el 2006.

Las irregularidades presentadas comenzaron con la misma obra, pues el costo real de la misma era de 9.000 millones de pesos y se contrató apenas por 3.200 millones. Las investigaciones de la Fiscalía muestran que fueron violados los principios de economía, transparencia, planeación y organización y responsabilidad, protegidos por las normas que regulan la contratación administrativa. Entre los hechos investigados por la Fiscalía están la ausencia de  disponibilidad presupuestal y la no realización de estudios previos.