Contraloría alerta de $3.700 millones de salud, ‘embolatados’ por la Gobernación del Magdalena

La crisis de la salud en el departamento del Magdalena, es una problemática que se ha venido denunciado de forma sistemática: falta de personal, astronómicas deudas, contratos cuestionables y una infraestructura paupérrima, hacen parte del panorama.

Y, mientras el gobierno de Rafael Martínez mencionaba una ‘revolución en salud’; la Contraloría ha destapado una serie de irregularidades que generan fuertes cuestionamientos.

A través de un informe, la Contraloría General de la República halló posibles irregularidades administrativas y financieras por $3.765 millones en dos contratos ejecutados por la Gobernación del Magdalena, que justamente, son financiados con recursos del Sistema General de Participaciones y el Fondo Local de Salud entre 2023 y 2024.

Contrato con el Hospital Julio Méndez Barreneche (2023)

El primer caso involucra el contrato CI-776-2023, firmado por $4.362 millones para acciones de salud pública con el Hospital Julio Méndez Barreneche.

Según la auditoría, las actividades realizadas no se ajustaron al anexo técnico oficial, sino a un documento sin validez contractual.

Además, no se presentó evidencia de la compra ni distribución de insumos médicos por más de $1.867 millones, ni de la contratación del personal técnico vinculado al proyecto.

Compra de equipos biomédicos sin soporte (2024)

El segundo hallazgo corresponde al contrato PS-0991-2024, por $4.930 millones.

La Contraloría identificó pagos por $1.898 millones en equipos biomédicos e infraestructura, sin facturas, registros de almacén ni informes de supervisión. Los equipos fueron instalados sin el debido procedimiento administrativo, lo que constituye incumplimiento contractual.

Ambos casos fueron calificados con presunta incidencia fiscal y disciplinaria, y fueron remitidos a la Procuraduría General de la Nación para investigación.

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Es importante mencionar que a esta situación se suma la denuncia hecha por el cuerpo de colaboradores de Cardiovida, la única unidad cardiológica pública del departamento, que ha venido denunciando un ‘plan de asfixia económica’, a través de una deuda del Hospital Julio Méndez Barreneche, que ya ronda los 600 millones de pesos, y está sustentada presuntamente, en la imposibilidad de instrumentalizar la unidad médica con fines politiqueros y burocráticos.