Consejo de Estado niega tutela con la que Rafael Martínez buscaba volver a la Gobernación del Magdalena

El exgobernador del Magdalena, Rafael Martínez, habría sido el encargado de liderar la red de corrupción pública, para asegurar profesionales que se dediquen hacer campaña para las próximas elecciones.
El exgobernador del Magdalena deberá cancelar poco más de siete millones de pesos.
Aunque el presidente Gustavo Petro mencionó en redes sociales que las elecciones podrían realizarse el 9 de noviembre, esta fecha es poco probable.
El descontento del círculo de mando de Fuerza Ciudadana ante el Presidente es tanto, que su congresista Ingrid Aguirre, cuestionó por qué lo seguían apoyando.
Tras advertirse un detrimento de casi $9.600 millones, la vía que va de Guamal con Astrea, presenta 11 patologías que evidencian una mala ejecución de la obra, aún sin entregarse.
A través de un video indicó que le entregó “las banderas de la resistencia” a Ingrid Padilla, quien asumió como gobernadora encargada.
Al mismo tiempo, el alto tribunal certificó la ejecutoria definitiva del fallo que anuló su elección.
La Sección Quinta de pronunció solo horas después de que lo hizo la sección Tercera. Ahora solo falta que el Gobierno emita el decreto de nombramiento del nuevo gobernador encargado, hasta que se surtan las elecciones atípicas.
Martínez interpuso una acción para dejar sin efectos el fallo que lo dejó por fuera de la Gobernación del Magdalena.
La Dirección Jurídica del Ministerio solicitó al Consejo de Estado la fecha de ejecutoria de la sentencia de nulidad, para avanzar con la designación.
En un intento de ‘ganar tiempo’ Rafael Martínez había solicitado una aclaración del fallo que lo dejó por fuera de la administración departamental.
Homicidios y dengue azotan Zona Bananera, por lo que la Asamblea adelantó una sesión descentralizada, a la que fue citado el gobernador y su gabinete pero nunca asistieron.
La solemnidad del reconocimiento contradicen los discursos con los que el propio gobernador y Fuerza Ciudadana han promovido por años.
Así lo denunció la diputada Rosita Jiménez que expuso las adiciones presupuestales a estos contratos ejecutados por el gobierno de Rafael Martínez en Santa Marta.
La respuesta de la administración departamental, pese a toda la normativa legal y constitucional, fue calificado como una “extorsión” por la presidente de la Duma.
Rafael Martínez exigió acciones contundentes a la Fuerza Pública.