Luego de 17 años se hará sepelio colectivo de víctimas de matanza de Bojayá

Los restos mortales de las víctimas de la masacre de Bojayá recibirán sepultura luego de 17 años y tras una larga lucha de esa comunidad del Chocó para devolverlos a su tierra con el apoyo de la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

La ceremonia comenzará el 11 de noviembre con la llegada de los restos mortales a Vigía del Fuerte y durará dos semanas durante las cuales habrá rituales de las comunidades negras, misas, un velatorio colectivo y una siembra de árboles como símbolo de la prolongación de la vida, según informaron los organizadores en una rueda de prensa en Bogotá.

La matanza de Bojayá, una de las peores del conflicto en Colombia, ocurrió el 2 de mayo de 2002 cuando una bomba lanzada por la guerrilla de las FARC durante un combate con paramilitares cayó en la iglesia donde se había refugiado parte del pueblo y mató a por lo menos 79 personas, aunque otras cifras hablan de 119 muertos y decenas de heridos.

"Bojayá hoy se prepara para la partida espiritual de nuestros seres queridos arrebatados aquel 2 de mayo de 2002", sostuvo José de la Cruz López, integrante del Comité por los Derechos de las Víctimas de Bojayá.

De acuerdo con López, la entrega de los restos mortales se logró después de años de insistencia al Estado para que identificara a los fallecidos que inicialmente fueron enterrados en fosas comunes.

El camino para identificar los cuerpos se convirtió en un ‘laberinto’ para las víctimas de Bojayá, pues el Estado colombiano ignoró sus peticiones por más de 13 años.

Yuber Palacios Córdoba, otro de los integrantes del Comité, manifestó que en 2014 la organización comenzó a trabajar para garantizar los derechos de las víctimas, lo que dio su primer fruto en 2015 cuando fueron invitados a participar en unas sesiones de la mesa de negociaciones de paz en La Habana.

Desde esa vez, el Comité inició diálogos con entidades del Estado bajo la mediación de la Oficina de la ONU en Colombia, y en mayo de 2017 la Fiscalía exhumó los cuerpos para identificarlos con la ayuda del Instituto de Medicina Legal, proceso que finalizó cuatro meses después.

"La decisión de la comunidad es que todos los cuerpos identificados sean devueltos a sus familias y los que no han sido identificados sean entregados que nosotros los vamos a asumir como propios (...) esto avizora un descanso en nuestras almas y un descanso en nuestros corazones", sostuvo Palacios.

El líder lamentó que a la comunidad no se le haya permitido participar en el proceso y dijo que no han recibido una "respuesta razonable" sobre el paradero de las víctimas que permanecen desaparecidas.