Gobierno insiste en decreto para dejar libres a miembros de la Primera Línea

Luego que los magistrados dejaran sin piso las resoluciones por las que el presidente Gustavo Petro ordenó la liberación de los cabecillas de la Primera Línea, el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Justicia, no desiste de este propósito. 

Así lo informó el ministro de Justicia, Néstor Osuna, quien indicó que pidió a la Fiscalía revisar las directrices por las que se imputan los delitos de terrorismo a los miembros de la Primera Línea, teniendo en cuenta que sus actuaciones se originaron en el marco de la protesta social. 

“Hace unos días le transmití a la Fiscal General la inquietud del gobierno por las imputaciones de terrorismo y concierto para delinquir que se le hicieron a personas que participaron en las protestas del estallido social. Esas imputaciones los mantienen privados de libertad. Hice alusión a una vieja directiva de la Fiscalía General que le sugería a los fiscales NO imputar terrorismo ni concierto en casos originados en protestas sociales, la cual había sido dejada sin efectos por el Dr. Barbosa” explicó Osuna, apuntando también que los miembros de este grupo “no son terroristas”. 

Sobre estos hechos, se pronunció la Fiscalía, indicando que “ha escuchado los planteamientos y solicitudes formales del Ministerio de Justicia, para que se revise el alcance de la calificación y las imputaciones por terrorismo y concierto para delinquir frente a los delitos perpetrados en desarrollo de la protesta social”. 

El equipo directivo de la Fiscal General de la Nación ha escuchado los planteamientos y solicitudes formales del Ministerio de Justicia, para que se revise el alcance de la calificación y las imputaciones por terrorismo y concierto para delinquir frente a los delitos perpetrados…

— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) May 11, 2024

Asimismo, precisaron que antes de adoptar una postura oficial al respecto, la Fiscalía se encuentra estudiando los argumentos del ministro Néstor Osuna a la luz de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y la doctrina jurídica internacional, principalmente la de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

 “En cualquier caso, la palabra  definitiva sobre este tema la tendrán los jueces penales competentes y, en última instancia, la Sala de Casación Penal del máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria colombiana” puntualizó el ente de control.