Sin permisos, ni licencias: la realidad detrás de la parálisis a obras de la Gobernación

A través de una rueda de prensa, la gobernadora encargada, Ingris Padilla, responsabilizó a las autoridades distritales de Santa Marta de paralizar 46 frentes de obra de proyectos ejecutados por la administración departamental en la ciudad.

Según la Gobernación, los retrasos en la ejecución de las obras responderían a trabas administrativas locales, acusando a sus responsables de actuar de manera ‘mezquina’.

Sin embargo, la realidad detrás de estas acusaciones sería la justificación sobre los antecedentes históricos de los gobiernos de Fuerza Ciudadana para ejecutar a tiempo los proyectos. Y es que varias de estas obras se encuentran bajo observación debido a que se estarían ejecutando sin permisos, licencias o avales técnicos, requisito obligatorio para intervenir vías y predios dentro del territorio distrital.

De hecho, se han otorgado 25 permisos para igual número de obras cuando estas han cumplido con los requisitos exigidos. La controversia surge en los frentes donde los trámites no se realizaron y aun así las obras fueron iniciadas, incurriendo en la ilegalidad.

Asimismo, se destaca que uno de los casos más sensibles ocurre en el sector de El Líbano, donde se instalaron tuberías en áreas que invaden un predio privado, lo que ha dado lugar a una acción de nulidad interpuesta por el propietario.

Esta situación ha generado incertidumbre entre los residentes de la zona, quienes temen que el conflicto legal pueda detener por un tiempo prolongado las soluciones que requieren.

De igual manera, en La Paz se denuncia que maquinaria de la Gobernación ingresó a intervenir una vía cuyo proceso de pavimentación ya había sido estructurado y se encontraba en trámite legal para su ejecución. Esto ha causado expectativas frustradas en la comunidad, que observa cómo el desorden y la falta de planificación de la Gobernación termina afectándolos.

Las afectaciones a la ciudadanía son claras: retrasos en soluciones de infraestructura básica, mayor riesgo de demandas y procesos legales que atrasan los proyectos, y deterioro de la confianza comunitaria frente a las intervenciones públicas.

La situación abre nuevamente el debate sobre la necesidad de planificación real y el respeto a la normatividad urbana, con el objetivo de que las comunidades no terminen siendo perjudicadas por proyectos que se anuncian antes de estar legal y técnicamente viabilizados.