En el país se habrían desforestado zonas que equivalen a 8.925 canchas de fútbol

El fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, hizo una revisión de los avances de la estrategia investigativa en defensa de los recursos naturales, y en contra de las redes criminales que arrasan con los bosques y destruyen las fuentes hídricas del país.

En 2022, han sido capturadas y judicializadas 117 personas por delitos ambientales, en 48 operativos contra la deforestación, la explotación ilegal de minerales, el tráfico de fauna y el aprovechamiento ilícito de los recursos naturales.

“21 de estos procedimientos, que dejan 55 judicializados, han estado dirigidos contra los depredadores de la Amazonía, las zonas de reserva natural y los Parques Nacionales Naturales”, enfatizó el fiscal General.

Las acciones dirigidas por la Fiscalía, en articulación con la fuerza pública, han permitido intervenir 7.585 hectáreas deforestadas, que equivalen a 8.925 canchas reglamentarias de fútbol. De otra parte, contra la minería ilegal se han ejecutado 21 operaciones, con 59 capturados, en Amazonas, Antioquia, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Caquetá, Cundinamarca, Chocó, Córdoba, Meta, Santander, Norte de Santander, Valle del Cauca y Sucre.

“En este trabajo se ha perseguido el patrimonio de los involucrados en delitos ambientales. Hasta el momento se han impuesto medidas con fines de extinción del derecho de dominio a bienes avaluados en casi 3.000 millones de pesos”, señaló el fiscal Barbosa Delgado.

Golpe a fuente ilícita del ‘Clan del Golfo’

En el más reciente resultado, la Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos y la Seccional Chocó, en conjunto con la Dirección de Carabineros de la Policía Nacional y el Ejército Nacional, intervino un complejo de explotación ilícita de minerales sobre un afluente del río Atrato, entre el corregimiento de Tutunendo y Quibdó (Chocó).

“Durante el procedimiento se constató un grave impacto sobre la fuente hídrica, producto del vertimiento de arsénico, mercurio, níquel y plomo, entre otros elementos tóxicos usados para obtener oro; así como la alteración del suelo y la destrucción de la vegetación con maquinaria pesada”, precisó el fiscal General.

Ocho excavadoras y tres motores de succión, que superan en valor los 2.500 millones de pesos, fueron destruidos de manera controlada. La intervención de un grupo de personas evitó capturar en flagrancia a quienes serían los responsables de afectar este sector del Atrato, un río declarado como sujeto de especial protección, conservación, mantenimiento y restauración.

Con este resultado se afecta una de las rentas ilícitas de la subestructura ‘Héroes de Jesús Carretera’ del ‘Clan de Golfo’, que exigía cuotas mensuales a los responsables de este gigantesco complejo minero.