Diálogos de paz sin impacto en derechos humanos, señala la ONU

Los esfuerzos del Gobierno colombiano por negociar con grupos armados no han significado necesariamente una mejora en la protección de la población civil, según Juan Carlos Monge, representante interino de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. En una entrevista con EFE, Monge señaló que los diálogos en curso no han evitado que la violencia siga afectando a comunidades en distintas regiones del país.

"Estos procesos de diálogo no necesariamente tienen un impacto positivo en la protección de los derechos de las personas, de la población civil, y eso es una preocupación muy grande", advirtió.

Su pronunciamiento se dio en el marco de la presentación del informe anual sobre la situación de derechos humanos en Colombia, un documento que evidencia la persistencia del conflicto y sus consecuencias en la población.

Uno de los casos más alarmantes mencionados en el informe es el de la región del Catatumbo, donde la confrontación entre el ELN y la disidencia de las FARC conocida como Estado Mayor de los Bloques ha dejado al menos 70 muertos y ha obligado al desplazamiento de más de 50.000 personas desde el 16 de enero, de acuerdo con cifras del Ministerio de Defensa.

Para Monge, esta situación refleja cómo la violencia continúa a pesar de los intentos de negociación. "Lo que hemos visto en los últimos meses en el Catatumbo es una prueba de ello", enfatizó.

A pesar de esto, el representante de la ONU insistió en que la búsqueda de la paz sigue siendo el camino correcto, pero subrayó que sin un enfoque centrado en la protección de la población, los acuerdos pierden efectividad.

"Si estos procesos no tienen como punto de partida y como objetivo principal la garantía y la protección de los derechos de la población civil, no están ayudando mucho", puntualizó.

En ese sentido, recalcó la necesidad de que el Estado tenga una presencia más integral en los territorios golpeados por la violencia, más allá del despliegue militar. "No se trata solo de fuerza pública, sino de garantizar la oferta institucional del Estado para que los derechos de la población sean protegidos", explicó.

El informe también reveló que, a lo largo de 2024, se registraron 72 masacres en el país con un saldo de 252 víctimas, una reducción del 27 % en comparación con el año anterior. Además, la ONU recibió 191 denuncias de homicidios de defensores de derechos humanos, logrando verificar que 89 de estos casos estuvieron directamente relacionados con su labor.

Uno de los datos más preocupantes es el aumento en el reclutamiento de menores por parte de grupos armados. La ONU verificó 216 casos de niños y adolescentes vinculados a estructuras ilegales, de los cuales 118 eran niños, 86 niñas y 12 sin confirmación de género.

"Esto significa un aumento importantísimo frente a los años anteriores. Hemos hablado más o menos de 600 casos que ha verificado la oficina en los últimos años. Esto sí es una preocupación", alertó Monge.

Además del reclutamiento forzado, el informe resalta la persistencia de la violencia de género en el marco del conflicto armado, incluyendo abusos sexuales tanto contra menores como contra adultos. "La presencia territorial de los grupos armados no estatales sigue generando graves violaciones de derechos humanos y afectando a la población civil", concluyó el funcionario.