¿Censura previa al periodismo? Tribunal de Cali ordena al País pedir permiso antes de publicar

La Sociedad Interamericana de Prensa -SIP- se pronunció ante un fallo del Tribunal de Cali en contra del diario El País, que podría generar un grave antecedente para la prensa: les exige a los periodistas contar con la autorización previa de las personas que están involucran en hechos noticiosos.

Esta decisión se dio a raíz de una tutela que una persona instauró tras un accidente en una vía pública con su automóvil, el cual fue publicado en el citado medio de comunicación, al considerarlo pertinente para la opinión pública.

Sin embargo, el accidentado aseguró que se le violentaron sus derechos al buen nombre y a la honra, al ser el protagonista de la noticia. Es por ello que, el pasado lunes, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali Sala Penal revocó una sentencia del 27 de junio de primera instancia que desestimó la demanda de tutela.

Sobre el hecho, Roberto Rock, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, manifestó que "es grave y preocupante que se cree el antecedente de que los medios deben pedir permiso para publicar hechos públicos a los afectados, una especie de censura previa en la práctica".

Este caso será remitido a la Corte Constitucional para ser evaluado, a lo que Rock indicó que la "esperanza de que la Corte adopte y se pronuncie sobre este caso que, aunque aparente ser un hecho simple, puede desencadenar graves consecuencias y limitaciones para la libertad de prensa, el ejercicio periodístico y la libertad de expresión".

Añadió que la "tarea periodística se convertiría en una actividad complicada, lenta y casi condenada al silencio, si los medios deben pedir autorización de los ciudadanos o afectados para publicar imágenes en espacios públicos y de interés noticioso", sostuvo Rock, director del portal mexicano de noticias La Silla Rota.

El accidente de tránsito que generó esta situación se produjo el 13 de mayo. Para registrar el hecho, El País publicó un video que un testigo que grabó con su celular en el momento en que el automóvil de Ramírez Urbano cayó a un canal de desagüe de la ciudad de Cali.

Al enterarse de la noticia, el implicado le pidió al periódico que quitara de su portal el video pues alegaba que se estaba violando su derecho a su buen nombre, intimidad y honra.

En respuesta a dicha solicitud, el diario afirmó que no lo haría bajo el argumento de que era una noticia sobre hechos ocurridos en vía pública.

De mantenerse en firme el fallo de segunda instancia, no solo el periodismo en Cali sino en Colombia se verá obstaculizado en su realización ya que es casi impensable tener que pedirle permiso a una persona que, por ejemplo, comete un robo, un asesinato, que se accidenta o que simplemente logra una hazaña, ya sea en deporte, cultura y demás para contar con su autorización y aprobación para poder publicar una noticia.