Tribunal Administrativo del Cesar detiene abusos de FF.MM. contra indígenas arhuacos

Mediante fallo de tutela fechado 19 de febrero de 2015 el Tribunal Administrativo del Cesar metió en cintura a las FFMM, Ejército Nacional, y ordenó respetar y garantizar los derechos fundamentales de la comunidad indígena arhuaca vulnerados hace más de 50 años con la instalación de una base militar y la explotación comercial de antenas de comunicaciones en medio de su resguardo.

El Tribunal Administrativo del Cesar, en Sala Plana, ordenó al Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional y la Brigada Blindada de Valledupar adelantar el proceso de consulta  con los representantes de la comunidad indígena arhuaca destinado a establecer el impacto que la construcción y operación de la base militar ha causado o pueda llegar a causar sobre el territorio ancestral de esa comunidad.

Igualmente ordenó, entre otros, a la Dirección de Asuntos Étnicos del Incoder revisar las irregularidades del proceso de titulación de tierras, que conforme a las denuncias hechas, se han presentado y adopte las medidas necesarias para formalizar la titularidad de los predios que las comunidades indígenas reconocen como ancestrales. (VER FALLO TRIBUNAL:http://1drv.ms/1JxATxL)  

El Tribunal tuvo en cuenta, dentro de sus consideraciones, los antecedentes que evidencian cómo las comunidades arhuacas han sido afectadas por homicidios, masacres y violaciones de derechos humanos cometidos por los actores armados ilegales y por miembros de la fuerza pública. Los asesinatos que han ocasionado las acciones insurgentes y contrainsurgentes de líderes, desapariciones, quema de viviendas, desplazamientos y reclutamientos. Comunidad que también ha sido afectada por la presencia de las Fuerzas Armadas en sus territorios y en la vida comunitaria.

Según el diagnóstico de las autoridades del pueblo arhuaco presentado a la Corte Constitucional y las diferentes autoridades del país, en el ámbito de los derechos humanos, los hechos de mayor gravedad y recurrencia que han golpeado a esta etnia son: el despojo del territorio tradicional por los grupos armados ilegales; la presencia de grupos armados en su territorio, y control basado en la intimidación; la restricción alimentaria, apropiación de los alimentos, productos agrícolas y ganado de los indígenas por parte de los grupos armados, que generan inseguridad alimentaria y un mayor recurso a la cacería, afectando el medio ambiente; el irrespeto a las autoridades indígenas e imposición de pautas de comportamiento o restricción de las prácticas propias por los grupos armados; los asesinatos selectivos de autoridades tradicionales Arhuacas, en particular denunciaron una serie  crímenes que habrían sido cometidos por las Fuerzas Armadas y que sigue en la impunidad; los asesinatos de indígenas arhuacos por señalamiento, en el marco del conflicto, por las tres partes enfrentadas; la restricción de la movilidad, intimidación de la población y riesgos generados por la presencia de actores armados en la Sierra, con porte de armas y uso del territorio para secuestros y los bombardeos por el Ejército en territorio indígena en desarrollo de operaciones contrainsurgentes, que han afectado sus asentamientos.

La acción de tutela que motivó el pronunciamiento del Tribunal Administrativo del Cesar fue instaurada por la FUNDACIÓN MISIÓN COLOMBIA, la misma que hace dos años logró el reconocimiento de los derechos fundamentales de las comunidades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta en el Parque Nacional Natural Tayrona.  

Con la demanda se denunciaron los abusos a los que han sido sometidos los indígenas arhuacos por parte del Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, ante la ocupación violenta y abusiva de sus territorios ancestrales, ubicados en el cerro “Alguacil”, sin que autoridad alguna haya hecho algo para detenerlo.

Se puso en conocimiento a los Magistrados que desde el año de 1962 el cerro viene siendo explotado comercialmente mediante la instalación de antenas de comunicaciones y datos, distintas a las de uso militar, y por las que las FFMM cobran arriendos y derechos para el uso de los territorios sagrados indígenas sin que éstas fueran consultadas. Evidenciándose la explotación de estos territorios con más de 480 antenas de uso civil que con la protección de unidades militares de la Décima Brigada Blindada de Valledupar garantizan un negocio mimetizado bajo la cubierta de ser de “Seguridad Nacional”. (VER INFORME NOTICIAS UNO:http://youtu.be/xVCYhVtCMLE)