Oferta y demanda: la razón del porqué los colombianos no tenemos buena salud

Desde la creación y puesta en marcha de la Ley 100, en Colombia nos hablaban de la gran reforma en salud: estructurada bajo el concepto de estar dividida en los regímenes contributivo, subsidiado y especial.

La Ley, desde su aparición, tenía el claro propósito de cumplir con el mandato constitucional de garantizar a la salud de los colombianos. Por esto en el desarrollo de la misma han surgido varias reformas que han logrado, por lo menos, garantizar la cobertura universal de salud a los colombianos.

Ahora bien, una cosa es la estructuración, el espíritu y la intención de la Ley con sus reformas y otra muy distinta es la aplicación de la misma.

La operatividad de la Ley está dada, en términos generales, por las EPS como aseguradoras dentro del sistema y las IPS como prestadoras del servicio y, como ente regulador, el Estado, dividido en sus diferentes estamentos (MinSalud, SúperSalud, secretarías de Salud departamentales y municipales, etc) y, aun así, no han podido cerrar la brecha entre la intención de la Ley y la acción.

Existen muchas variables que no permiten lograr el objetivo de garantizar la prestación del servicio de salud de una manera oportuna, de calidad y eficiente.

Pensemos, por ejemplo, en la oportunidad del servicio de salud. Es decir, en el tiempo que se demora un usuario de los regímenes contributivo y subsidiado en acceder a los servicios. Se trata de un planteamiento de principios económicos básicos, en relación a la oferta y la demanda: no existe un equilibrio en la salud.

En el caso del Magdalena: ¿cuántos especialistas internistas y nefrólogos, por ejemplo, tienen disponibles? ¿Y para cuánta población son esos especialistas con los que cuentan? Si hiciéramos esta tarea veríamos que la respuesta asusta. ¡Ni pensar en la disponiblidad de camas en las IPS del tercer nivel!

¡Hay que tomar medidas urgentes para nivelar la oferta y la demanda que exige el servicio de salud mediante las necesidades insatisfecha por el desequilibrio existente!

Acabar con las EPS no garantiza llegar al equilibrio; hay que abrir las puertas de la formación académica especializada para que no se siga fugando la mano de obra para otros países.

Así como en un momento se implementó la Ley 100 con un modelo chileno y parte del español, ¿por qué no indagar sobre la posibilidad de ver modelos como Argentina, Chile y Brasil en relación a la formación de especialistas? De este modo, de seguro que la fuga sería menor, y la oferta y la demanda en la salud estaría más equilibrada.