De acuerdo a los registros de niños y niñas reportados en el Sistema de Matrícula Estudiantil de Educación Básica y Media – SIMAT la pérdida de la población infantil en el sistema educativo departamental es escalofriante.
En el año 2002 se reportaron matriculados 203.050 alumnos; en el 2004 203.679 niños; en el 2007 218.207; en 2008 228.036; en 2009 227.830; en 2010 232.352; pero sospechosamente en 2011 los niños y niñas en las Instituciones Educativas del Magdalena se redujeron a 184.226; en 2012 a 173.942 y en los años 2013 y 2014 escasamente alcanzan a contarse 175.000 niños y niñas.
¿Por qué no reportar estos niños y niñas en el SIMAT?
No se reportan los alumnos en el SIMAT para mantener baja la planta de docente de la Secretaría de Educación departamental, un docente por cada veinticinco alumnos. Lo que aunado a una presunta deficiencia de la infraestructura educativa, no obstante que se mantienen las mismas cantidades de aulas de 2010, la Gobernación logra registrar ante el Ministerio de Educación Nacional un número mínimo de matricula definida posible por atender.
En el caso del Magdalena para el 2013 ésta fue de 175.462 alumnos. De suerte que todo alumno por atender por encima de esta cifra justifica la contratación de terceros, con cargos a los recursos de la nación, para la atención educativa de estos supuestos nuevos alumnos.
Es así que con el ejercicio de ocultar o modificar el registro de la matricula de los niños del Magdalena en el SIMAT y mantener por debajo el número de docentes disponibles el Gobernador, con su Secretario de Educación, fabrican una excusa para “negociar” con terceros la necesidad de contratar una canasta educativa por fuera de las instituciones del Departamento. Obteniendo por esta vía recursos adicionales del Ministerio de Educación, respecto de los que este Ministerio pasa de agache y se hace la de la vista gorda.
Los contratos
En el 2013 la Gobernación del Magdalena, apoyado en esta modalidad de negocio de la educación de la población infantil y juvenil más vulnerable, suscribió dos contratos por valor de $ 23.985´721.888 así:
Con la Fundación para el Servicio Social y Empresarial Caribe -SERVIMAS- el contrato N.° 544 del 2 de julio de 2013 por valor de $ 18.531´284.564 y con la Fundación Club Juvenil del Sur el contrato N.° 545 del 2 de julio de 2013 por un monto de $ 5.454´437.424.
No obstante que el Decreto 2355 de 2009 dispone que para realizar la contratación del servicio público educativo debía establecerse previamente el listado de los niños, niñas y jóvenes que serían atendidos en desarrollo de cada contrato, la Gobernación del Magdalena pasados dos meses luego de suscritos los mismos no tenía idea cuántos niños realmente debía atender con los contratos cuyos anticipos diligentemente había girado.
Así consta en el Acta suscrita por la Secretaría de Educación del Magdalena con funcionarios auditores de la Contraloría General de la República -CGR- el 13 de septiembre de 2013 donde se dejó constancia que la Secretaría de Educación no tenía “debidamente establecido y determinado la ubicación exacta en donde se están prestando los servicios y dependa de los contratistas para que sean ellos quienes le informen a la Secretaría los lugares donde vienen dando debido cumplimiento a los contratos suscritos".
Subordinación de la que la Secretaría de Educación departamental igualmente había dejado constancia en el acta suscrita el 20 de agosto de 2013 con la CGR al precisarse que "al ser consultada la Supervisora de los contratos acerca de si los contratistas Servimas y la Fundación Club Juvenil del Sur, hicieron entrega de la información relacionada a la base de datos de la población educativa a atender, discriminada por sedes, municipios y la planta de docentes, ante lo cual la señora Supervisora manifiesta que los contratistas no han entregado la información completa, únicamente ha entregado información parcial Servimas y la Fundación Club Juvenil del Sur por lo que va a proceder a hacerles un oficio para que envíen la información".
¿Por qué razón la Secretaría de Educación no tenía estas bases de datos de los niños que debían ser atendidos no obstante que presuntamente con las mismas logró la aprobación del Ministerio de Educación para adicionar recursos para esta contratación? Porque las tales bases de datos no existían.
De acuerdo a nuestras investigaciones se pudo precisar que las contratistas, Servimas y la Fundación Club Juvenil del Sur, mediante la manipulación del SIMAT entre junio y julio de 2013 sacaban a los niños y niñas que ya venían siendo atendidos por la red pública y privada de educación del departamento desde el mes de febrero para volver a ingresar a los mismos niños al SIMAT pero ahora bajo la modalidad de niños no atendidos por la red de educación departamental y rotulados como niños en condición de vulnerabilidad.
Por otra parte, con la complacencia silenciosa del Ministerio de Educación niños de un municipio fueron incluidos en el registro de matricula de Instituciones Educativas ubicadas en otros diferentes y casos de niños y niñas que ni las instituciones educativas que los registraron como matriculados y figuraban como atendidos por ellas ni siquiera sabían de su existencia.
Negociado que para incrementar las utilidades, las firmas contratistas de la Gobernación, impunemente no entregaban la canasta educativa contratada; esquilmaban a los docentes los derechos y prestaciones laborales y ofrecieron a los niños y niñas más pobres del departamento atención educativa por solo cuatro meses cuando la exigencia legal obligaba el año lectivo. Conforme se pronunció el Ministerio de Educación Nacional, mediante oficio N° 2012EE82157 del 24 de diciembre de 2012, con el que destacó que el artículo 8 del Decreto 2355 de 2009 establece que las entidades territoriales que inicien los procesos de contratación del servicio educativo, deben “garantizar que, en desarrollo de la contratación que realicen, se preste el servicio educativo formal durante todo el año lectivo y se ofrezcan en su totalidad los programas curriculares y planes de estudio de los niveles y grados determinados en el Proyecto Educativo Institucional (PEI) o en el Proyecto Educativo Comunitario (PEC)”.
Irregularidades que han quedado desnudadas, entre otras, con las siguientes entrevistas: 01 TESTIMONIO:http://bit.ly/1sONy7b, 02 TESTIMONIO: http://bit.ly/1qH41Gb y 03 TESTIMONIO: http://bit.ly/1vkplBI.
Incumplimiento encontrado por la Contraloría General de la República -CGR-
Luego de haber denunciado estos hechos ante la CGR una vez publicados los resultados de nuestra investigación (VerMAGDALENA: LOS NIÑOS SON EL NEGOCIO PARTE I http://bit.ly/1mFfeWK y PARTE II http://bit.ly/1o0WKjj) esta entidad de control instruyó una auditoria a tales contratos en tiempo real.
Gracias a la auditoría realizada se dispusieron deducciones de los valores a pagar por monto de $ 746´094.394, así: A Servimas la suma efectivamente comprobada como no ejecutada de $ 579´254.415 y en el caso de la Fundación Club Juvenil del Sur la suma efectivamente comprobada como no ejecutada de $166´839.979.
No obstante, hoy persisten las deudas de estas contratistas en favor de Instituciones y docentes subcontratados por concepto de arriendos y prestaciones laborales. Situación que fue puesta en conocimiento de la CGR y por las que confirman las investigaciones y medidas fiscales pertinentes.
Los nuevos contratos
No obstante los antecedentes el Ministerio de Educación no se ruborizó para volver a autorizar adiciones para repetir la misma modalidad de contratación en el 2014.
En esta oportunidad la Gobernación del Magdalena volvió a suscribir con la Fundación Club Juvenil del Sur el contrato N.° 529 del 16 de mayo de 2014 por valor de $ 8.848´905.458, del que ya pagó un anticipo de $ 4.424´452.729; con Fundación para el Servicio Social y Empresarial Caribe – Servimas el contrato N.° 530 del 16 de mayo de 2014 por valor de $ 7.494´959.504 del que ya pagó un anticipo de $ 3.747´479.752 y con la Fundación Social para la Asesoría e Investigación Científica y Pedagógica -FUNPED- el contrato N.° 531 del 16 de mayo de 2014 por valor de $ 4.305´879.173, del que ya pagó un anticipo de $ 2.152´939.586.
Lo único cierto de este negocio del Gobernador del Magdalena con los niños y niñas más pobres del departamento es que si bien no les entregó canasta educativa de calidad por lo menos, de engaño, a la mayoría le regaló los kits escolares más caros del país porque también aquellos famosos kits fueron parte de estos contratos.
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