Los datos de la violencia en el distrito de Santa Marta (1980-2015)

Suponer que Santa Marta es un remanso de paz; incluso vociferar con júbilo las millonarias inversiones para reprimir el delito, al delincuente y al ciudadano, e ir más allá; con felonía y con la arrogancia que les permite desconocer una Alerta Temprana emitida por la Defensoría del Pueblo, son solo posiciones de quienes se niegan a aceptar una realidad basada en intereses de popularidad y desconocer un pasado reciente con influencia en el presente y buscar la conexión lógica. 

Hablaré de las cifras, no como gran estadista (que no soy) sino basado en el informe que presentó el Centro de Memoría Histórica y que es de suma importancia para el país; para los Procesos de Paz, para la Política Pública y para conocer el daño causado. También para los Planes de Gobierno de los nuevos mandatarios y en especial para Santa Marta, con dos problemas estructurales que ni los de ahora, ni los de antes, pudieron resolver o mitigar: el agua y la seguridad.

Para ello, pretendo tomar del Observatorio de Memoria y Conflicto (OMC), cuatro delitos convertidos, para este caso, en categorías de análisis: asesinatos selectivos, desaparición forzada, violencia sexual y masacres, dentro de la temporalidad que ofrecen las cifras del OMC., del Centro de Memoria Histórica y con ellas revisar la historia violenta del pasado paramilitar en el distrito de Santa Marta y sus posibles nexos de conexión con lo que actualmente estamos viviendo. En este mes se presentará el informe de Santa Marca Cómo Vamos (2017) y por supuesto, el tema de seguridad será una de las banderas del informe.

A propósito de Santa Marta Cómo Vamos, en su encuesta de percepción 2017, revela datos preocupantes en torno a cómo perciben las personas su entorno.

En los tres últimos años las variables alarman y, puede haber múltiples factores asociados a esta mala percepción de seguridad en la ciudad, pero no hay que desconocer el pasado reciente que puede estar creando imaginarios de seguridad y en esto buscaré lo que llamamos conexión lógica del delito, que no es llenar la ciudad de cámaras y de motos. Incluso hace falta que el informe, espero lo haga en esta presentación, nos dé una evaluación de los bienes de la seguridad (las millonarias adquisiciones y los recursos de Fonset., Fonsecon., trasferencias y tasas por seguridad y pago de recompensas) que se han hecho para mitigar el delito y que de alguna manera serian la base de medición para futuras inversiones en ese campo.

Comencemos por el delito de homicidio. El OMC., nos dice que: 2291 personas fueron asesinadas en menos de 40 años. 2291 sin contar 2016, 2017 y lo que va corrido de 2018. De esos 2291, a 48 los asesinó la guerrilla, 1575 los grupos paramilitares y otros 325 entre, el Estado (falsos positivos y aparecen nombres como DAS., Policía y Ejército), Bandas Criminales y grupos no identificados que pueden ser cualquiera de estos que se han nombrado. Conexión lógica de consecuencia: hay un actor predominante en el delito, por lo tanto es imperativo pensar, que las muertes en Santa Marta no son el resultado de riñas, ni de lío de faldas, ni mucho menos, peleas por plazas de vicios, es un tema más estructural que aunque las autoridades se nieguen a desconocerlo y ocultarlo, está ahí, vivo y presente.

Sigamos ahora con el delito de violencia sexual (conexo a las dinámicas paramilitares porque ya hemos identificado un elemento totalitario): 285 casos, de los cuales 103 –casi la mitad- son atribuidas a una sola persona. 13 son mujeres afrocolombianas y una (1) es indígena; una (1) también a la población LGTBI., y un dato bien interesante: 9 de esas víctimas eran hombres; el resto, mujeres. La base no nos dice mucho sobre las edades pero sería un dato importante para validar cuantas de esas víctimas eran menores de edad, que por los indicios, son casi la mayoría.

Siguen las masacres, de las cuales debo confesar, tenía datos errados (84) y el número es abrumador: 185. Me faltaban 101 masacres y la Oraloteca, de la Universidad del Magdalena, con todo su esfuerzo y compromiso, solo ha reconstruido 4. No hay más trabajos académicos en el distrito, lo que indica que la responsabilidad por reconstruir la memoria no ha comenzado todavía y llevamos 12 años después de la desmovilización paramilitar en la Sierra Nevada de Santa Marta y el cierre de la cede de Justicia y Paz. Nos queda la JEP. Dentro de estas masacres hay líderes comunitarios, autoridades indígenas y campesinos.

Y finalmente, la desaparición forzada. 1303 casos, de los cuales, 630 todavía siguen desaparecidos. Una verdadera tragedia para las familias. Nadie puede llevar consigo un dolor tan grande como este, considerado el más inhumano de los delitos de la guerra.  

Entonces, tenemos una serie de conectores lógicos que sitúan unas problemáticas asociadas al pasado reciente violento y que hay que saber leer e interpretar para buscar posibles soluciones. No solo mostrar números sino revisarlas en contexto (lo cuantitativo y cualitativo) y dejar de pensar que todo es ataque, aunque esto último es entendible cuando mi único argumento es la soberbia.

Las víctimas reales de esta estela violenta están en las periferias; en las montañas, en las zonas rurales, sitios a los que pocas veces llegan con programas sociales, con ayudas reales y con dignificación, que se traduce en educación, trabajo, condiciones dignas de vivienda y reconocimiento; con salud y quizá con mejorar condiciones humanas o de servicios. O es que les parece justo que una víctima o algún familiar deba prácticamente amanecer en el IPC., de María Eugenia para poder tomar uno de las 40 fichas que entregan para atender el día siguiente: ¿a esto le llamamos equidad?

Entonces, desde mi lectura (quizá muchos no compartan) y es respetable, la solución no está en las altísimas inversiones en seguridad para reprimir el delito; al delincuente y por ahí derecho al ciudadano. Claro que es importante una ciudad con presencia de la policía y por supuesto, con la presencia del Ejército en las zonas rurales, pero hagamos una evaluación real (costo – beneficio) que permita medir con indicadores construidos, de manera conjunta, los fenómenos y evaluar los incidentes violentos.

Sumado a esto está también el tema de porque Santa Marta es tan atractiva para los delincuentes y, aquí, no me refiero a los ladrones y rateros de barrio, me refiero a otro tipo de delitos que se ocultan como el proxenetismo, el narcotráfico y todos los derivados que son conexos a los Grupos Armados Ilegales. Esos si son de alto impacto y requieren medidas más certeras o, denme nombres de capturas de los tantos jefes paramilitares que hay en la sierra o el nombre de un gran proxeneta –porque Assis Moosh- no es el único y las autoridades lo saben.

Entonces el problema real, para el distrito son los ladrones y los rateros y claro, ahí aparece la operatividad que se mide en millones de pesos (incautaciones que van desde unos plátanos hasta mercancía de contrabando) y capturas; inmovilización de motos y comparendos impuestos por violación al Código de Policía y no digo que este mal: pero son medidas restrictivas, todas; es un esquema de seguridad basado en restringir y no en cerrar brechas sociales que ayudan a disminuir las acciones y los posibles delincuentes.

Vaya a la periferia y que encuentra: pobreza, desolación, embarazos en adolescentes, un sol que dan ganas de salir corriendo, sin agua, con una deficiencia enorme en servicios públicos, iglesias por doquier, víctimas por doquier, personas pensando en qué van a comer o que le van a dar de comer a los hijos y con una tasa de desempleo enorme. Eso es un generador de violencia y por consiguiente de acciones violentas, que en este caso se convierten en robos y hurtos. Cierren brechas ahí y verán cómo cambian las cosas.   

Finalmente, revisen los datos de la violencia para proyectar acciones. El Centro de Memoría, muy a mis reparos, entrega una base de datos valiosísima que sirven para la toma de decisiones, para la academía, para los colegios y para entender y dar valor real a las víctimas y evitar cualquier hecho que nos lleve a la repetición. Dignifiquen a las víctimas.