Cuando estuve por primera vez en Washington, entendí que, ese lugar no es solo la capital política de la principal potencia global, sino que es un lugar amable, diverso, culturalmente importante, con una oferta de sitios para reflexionar sobre diferentes temas del acontecer mundial y con un capital humano de clase internacional.
Leyendo la obra Ilícito: cómo traficantes, contrabandistas y piratas están cambiando el mundo, veo con cierta perplejidad que, aquella ciudad en la que me sentí maravillado “constituye el eje de la denominada "guerra contra la droga", la mayor, la más costosa y tecnológicamente avanzada ofensiva contra el narcotráfico de toda la historia de Estados Unidos," (Moisés Naim, 2005, Pág 92). De ahí, que aquel espacio de profundos contrastes, cuenta con miles de empleados federales, cuya única y exclusiva finalidad es combatir el narcotráfico y hacer cumplir la ley.
Algunos de ellos, son agentes de la Administración de Ejecución de las Leyes sobre Drogas (DEA) o hacen parte del personal de la oficina de política antidroga de la Casa Blanca, la sede del denominado "zar antidrogas". Mientras tanto, otros son especialistas en el narcotráfico procedente de organismos y servicios, como la Oficina de Inmigración e Intervención Aduanera (ICE), el cuerpo de oficiales y demás.
Juntos conforman el engranaje de una maquinaria que gasta aproximadamente 20.000 millones de dólares anuales en su lucha contra el tráfico y el consumo de drogas y como producto de ello, se dan 1.7 millones de detenciones anuales y 250.000 encarcelamientos. Cabe resaltar que, en Washington el 28% de los reclusos son por delitos relacionados al narcotráfico. Incluso, apenas sorprende que de cada dos washingtonianos mayores de 12 años, uno admita haber consumido drogas, según señala Naim en su obra.
En el caso de Colombia, hay miles de millones de dólares del presupuesto estadounidense destinados a ayudar al ejército local para derrotar el narcotráfico, y se han dado golpes fuertes a lo largo de la historia, como el fin de los carteles de Cali y Medellín, sin embargo, el negocio no termina. Tan solo en lo que va corrido del 2019, los grupos de erradicación forzada han limpiado de matas de hoja de coca 9.646 hectáreas. Esta cifra equivale al 12 por ciento de la meta fijada por el Gobierno para este año, que son 80.000 hectáreas. Otras 20.000 serían erradicadas mediante el Programa de Sustitución Voluntaria.
En este punto ha desencadenado un debate, pues para dicha erradicación se ha utilizado la modalidad de aspersión terrestre con glifosato, sobre la cual el actual gobierno es partidario, más ahora que la producción de cocaína llegó a la cifra récord de 1.379 toneladas. Mientras tanto, una gran parte del país se opone, debido al impacto negativo que tiene sobre el medio ambiente y la salud de los campesinos.
Los escenarios de la corrupción
El problema es tan complejo que, alrededor del mundo, se utilizan espacios institucionales para lavar dinero proveniente de estos negocios ilícitos, lo que fortalece e incrementa los altos niveles de corrupción.
Hace poco, recibí información de que los dineros provenientes del narcotráfico los están utilizando para participar en las convocatorias públicas de organismos nacionales, que tienen que ver con el bienestar de los niños y de los más pobres.
Los delincuentes ya tienen formalizada su presencia en la economía legal para lavar dinero proveniente de dichas fuentes. Su modus operandi varía dependiendo de las circunstancias. Una de las maneras, es hacer un estudio previo de los mercados legales, las ciudades que están en proceso de construir sus bienes básicos y que demandan la presencia de capitales.
El fin es financiar los programas y proyectos y justo ahí, aparece la mano siniestra del narcotráfico, con todos los juguetes.
La falta de capacidades de los entes territoriales y su debilidad institucional, no es desconocida para estas personas, ya que eso les permite extender su accionar hacia los organismos responsables de ejecutar la política criminal del país.
Por otro lado, se encuentran los procesos electorales, en donde actores ilegales construyen su forma de llegar a la gobernabilidad a través del accionar criminal; montan sus redes clientelares, las cuáles se fortalecen inyectándoles altas sumas de dineros a sus testaferros, conocidos como "líderes". Así, buscan promover en las comunidades urbanas y rurales empobrecidas, la llamada piñata electoral o combos, en donde integran el voto para gobernación, asamblea, alcaldía, concejos y ediles.
Entre las acciones que ejecutan, se encuentra la realización de bases de datos, con nombres, número de cédula, mesa de votación, sumado al ofrecimiento del dulce sabor del efectivo, con el cuál adquieren votos y cambian o mantienen el mapa electoral.
El pacto tácito para no aplicar la ley, entre una parte de las altas esferas del establecimiento y los agentes ilegales, es la señal más clara de la cohabitación entre el delito y la criminalidad.
No deja de sorprenderme, como la voracidad de los infractores no tiene límites.
El daño que ocasionan los mercados ilícitos
Resulta complejo, entonces, construir una ciudad democrática y con apego a la legalidad, cuando en la cultura se impone la fuerza de los mercados ilícitos, permitiendo la cohabitación como fórmula transaccional, algo que para muchos resulta como la mayor de las ganancias.
Como vimos anteriormente, hay actores políticos que buscan convivir con los agentes económicos y sociales de la ilegalidad. La dinámica que impulsan y generalizan, es hacerles pasitos a los criminales, mientras lanzan ofensivas especialmente mediáticas, contra sus adversarios, para desviar la atención de la ciudadanía de sus intereses más cercanos.
Una de las múltiples expresiones de los mercados ilícitos, es la ruta del micro tráfico y del consumo. Esta empieza con la recepción y adquisición de la materia prima por parte de los agentes privados de la criminalidad, la cual es empacada en una diminuta bolsa plástica. Posteriormente, es distribuida por sus agentes de ventas en el mercado, en centros de acopios u "ollas", ubicadas en diferentes lugares.
Entre estos, se encuentran oficinas bancarias, restaurantes, heladerías, almacenes de reconocidas marcas, centros de negocios de tecnología de la información y las comunicaciones. Muy cerca de ése primer espacio de venta y consumo se trasladan a un segundo sitio, un escenario tóxico; de un lado música de diversos géneros, trago de diferentes sabores y las "papeletas". Ahí, lo único que puede limitar es la falta de dinero.
Por último, está la casa en el sur de las playas; un escenario degradante y de alto contenido ilegal, donde se concentra el último eslabón de la cadena del delito, generando la descomposición final de una generación de adolescentes y jóvenes.
El flagelo del narcotráfico, incluso golpea a los ecosistemas naturales. La tala del bosque, la contaminación de las aguas, la destrucción de la capa vegetal, la polución y contagio de los cultivos tradicionales, son parte de ésa práctica dañina, ocasionándoles un gran perjuicio a los pueblos originarios y a las comunidades campesinas.
¿Hay una solución?
Creo firmemente, que la próxima batalla que debe enfrentar la ciudad, es combatir la ilegalidad en sus diversas manifestaciones. Solo si hay una movilización ciudadana que contribuya con su control social, es factible avanzar en la lucha contra las intenciones de los ilícitos de convertir el territorio en el reino de su mundo criminal.
El cambio inicia en acciones que pueden parecer insignificantes; como respetar el semáforo, no comprar en lugares a sabiendas de que tienen una fuente de financiación ilícita, respetar el derecho que tienen todos de usar el espacio público, no vender el voto, entre tantas, que ya son vistas como normales y poco dañinas.
Una ciudad democrática y con propensión a la legalidad, es capaz de crear las bases para poseer una economía innovadora, que tenga como su centro de desarrollo, la formación de un capital humano de clase mundial el cual traiga inversión lícita.
Así mismo, si todos nos apegamos a la legalidad, se podrían estructurar las condiciones para que existan garantías jurídicas plenas, que amparen la presencia de capitales nacionales y extranjeros, generando una economía que tenga su norte en el mercado global.
Por último, una sociedad democrática debe tener líderes y movimientos políticos comprometidos con la causa de la legalidad, que no se dejen amedrentar o sobornar con los múltiples "detalles", que de forma permanente ofrecen los criminales.
¡Hay mucho por hacer!
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