¿Falta de gestión? $427 mil millones no fueron ejecutados en 2024 en Magdalena

A inicios de la semana pasada, la Gobernación del Magdalena presentó ante la Asamblea un proyecto de adición al Presupuesto General de este 2025, argumentando que son necesarios para la ejecución de alrededor de “54 programas, proyectos de infraestructura e inversión para dotación educativa, hospitalaria y mejoramiento de vías”.
Según dijo el gobernador Rafael Martínez, la mayoría de la Asamblea estaría “paralizando” la ejecución de estos proyectos, responsabilizándolos así de la falta de obras en Magdalena.
Sin embargo, además de la lucha jurídica que se mantiene por el control de la mesa directiva, la mayoría de la Duma reprochó las demoras en la radicación de los proyectos de supuesta urgencia.
Las diputadas Ángela Cedeño, Martha García, Mallath Martínez y Candy Sánchez, estuvieron en la sala de redacción del equipo periodístico de Seguimiento.co, relatando a la opinión pública el desafío que ha sido mantener el normal funcionamiento de la corporación, en medio de los ataques y pleitos judiciales, impulsados por los diputados cercanos al gobernador.
Sin embargo, también se permitieron cuestionar la ‘urgencia’ manifiesta por el mandatario departamental, indicando que si los proyectos eran de especial relevancia ¿por qué no hizo uso de sus facultades al citar a sesiones extras en los meses de diciembre, enero o febrero?, y por el contrario, aguardó el inicio de las sesiones ordinarias programadas para marzo.
Según Martha García, esto habría sido un punto de inflexión en la lucha que mantiene la minoría oficialista por liderar ellos, la mesa directiva de la Asamblea.
Por su parte, la diputada Cedeño, quien actualmente es presidente de la Duma, aseguró que están estudiando el proyecto de ordenanza, teniendo como prioridad las necesidades del Magdalena.
No obstante, al igual que varios diputados, no se explica el hecho que los recursos que el Gobernador pide adicionar, estén por el orden de los $427 mil millones, y correspondan a los mismos montos que fueron solicitados y aprobados por la Asamblea para 2024, pero que por razones que aún se desconocen, no fueron ejecutados.
En otras palabras, estos millonarios recursos debían ser destinados al financiamiento de obras y proyectos desde el año pasado, pero no se utilizaron.
“El gobernador nos acusa de bloquear las obras del Magdalena, pero a la fecha solo nos llegó un solo proyecto que está en trámite, y es la adición por el orden de $427.000 millones de superávit de proyectos que no se ejecutaron en 2024, habiendo tantas necesidades en el Magdalena. La crisis de seguridad, la necesidad de vías, de hospitales” indicó Ángela Cedeño.
Acotando además, que hay obras que llevan años esperando una solución y aunque todos los años son presentadas para pedir recursos, nunca se ejecutan.
Obras financiadas pero no ejecutadas
Tal es el caso del puente que conecta a los municipios de Santa Ana y Santa Bárbara de Pinto, que se desplomó un 30 de junio de 2023, y pese al compromiso del gobernador Martínez de ponerlo en pie, sigue sin construirse.
El 20 de agosto de 2024, un año después, Rafael Martínez responsabilizó a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo por las demoras y solicitó autorización a la Asamblea para realizar “unas autorizaciones presupuestales” que permitieran la construcción de un nuevo puente con recursos propios de la Gobernación.
La autorización fue dada, y a fecha de 2025, no se puso ni la primera piedra del puente Michichoa. La comunidad sigue esperando, transportándose en condiciones que ponen en riesgo su vida, pero, nuevamente, el gobierno departamental pidió recursos para este año finalmente hacerlo.
Al igual que el puente Michichoa, son decenas las obras que año tras año han figurado en los documentos que acreditan las solicitudes presupuestales de la administración, pero cuya ejecución termina en 0%.
Adicionalmente, mientras que el gobierno departamental pide recursos por más de $4.484 millones para la compra de más vehículos de maquinaria amarilla, la misma comunidad de Pivijay, denunció el abandono de parte de la maquinaria en un parqueadero, tras dejar a medias la intervención que se adelantaba sobre la vía Pivijay- Canoas, jurisdicción del municipio de Chibolo.
Por eso, la diputada Martha García manifiesta que el trabajo que se adelanta es minucioso, puesto que la falta de resultados demostrados, sumado a las denuncias previas de la presunta utilización de recursos públicos para el financiamiento de campañas a favor de Carlos Caicedo, hace necesario mirar ‘con lupa’ las peticiones del Gobernador, buscando vigilar a toda costa, el destino de los dineros públicos del Magdalena.
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