Alarmante: en Gobierno Caicedo, deuda de hospital en Ciénaga pasó de $5 a $33 mil millones

Hoy jueves la exdiputada Elizabeth Molina hizo una denuncia preocupante. Según sus declaraciones, durante el mandato de Carlos Caicedo como gobernador, la deuda del Hospital San Cristóbal de Ciénaga aumentó significativamente. Para ser más precisos, pasó de 5 mil millones a más de 33 mil millones de pesos, lo que representa un incremento del 545%. Molina advierte que esta situación pone en riesgo la calidad de la atención a los pacientes.

Según la documentación publicada por la exdiputada, la deuda del hospital en 2019, ascendía a 5.158 millones de pesos; en 2020, pasó a 19.120 millones; en 2021, alcanzó los 28.044 millones; en 2022, llegó a 30.609 millones; y finalmente, en 2023, la cifra terminó en 33.271 millones.

En diálogo con Seguimiento.co, Elizabeth Molina señaló que un indicador claro de la crisis que venía presentando el hospital desde 2020 fue el cambio de más de seis gerentes, entre los cuales se encuentra Jairo Romo, quien ha sido objeto de denuncia por parte de la exdiputada y está a la espera de un pronunciamiento de la Contraloría Departamental para determinar si ha habido algún detrimento. La denuncia se centra en el hecho de que los especialistas solían cobrar directamente entre 60 y 80 mil pesos por hora, pero tras el cierre de la urgencia en la institución, el señor Romo estableció un acuerdo con una entidad privada llamada Cuidarte, donde el hospital pagaba entre 100 y 120 mil pesos por hora. Molina considera esta subcontratación como innecesaria y perjudicial para el San Cristóbal.

“El segundo hospital más importante del departamento, se lo robaron los gobiernos del cambio”

La exdiputada señala como responsables directos a las autoridades de la junta del hospital y la Gobernación del Magdalena, debido a su papel en la aprobación y aval de los presupuestos hospitalarios. “El gobernador del Magdalena, como presidente de la junta es quien tiene la culpa de la crisis que enfrenta el hospital. Ellos conocen todo, tienen una secretaría de salud que avala y aprueba el presupuesto de cada hospital”, afirmó. Para ella, “es una mentira que salgan ahora a decir que no conocían esto, ya que se la pasaban de contrato en contrato y lógicas inciertas”.

Además, expresó su preocupación por el panorama actual del hospital, ya que se continúa ejecutando “el mismo ‘modelo de cambio’, porque hoy tenemos a Rafael Martínez y hay una continuidad de la Gobernación anterior”, señaló.

Por otro lado, cuestionó que hasta ahora se estén tomando medidas y se esté buscando responsables por fuera. “Entonces, ¿Cuándo van a comenzar a trabajar? Si su gobierno duró cuatro años y recibieron la deuda con 5.000 millones de pesos, y hoy están en 33.000 millones de pesos, ¿ahora van a buscar quién es el responsable? ¿Quién es el presidente de la Junta del Hospital y Gobernador? Y a su vez, el secretario de salud también hace parte de la junta y son los que avalan los presupuestos que va a gastar el hospital” Indicó la exdiputada.

A puertas de una intervención

En junio de 2023, la Supersalud llevó a cabo una auditoría que reveló 41 irregularidades financieras y asistenciales en el hospital, evidenciando una amenaza para la vida de las personas.

A pesar de comprometerse a implementar un plan de mejoramiento, el hospital no cumplió con esta medida. Como consecuencia, las autoridades de salud decretaron medidas cautelares contra la institución.

Sin embargo, la administración departamental actual liderada por Rafael Martínez ha negado la existencia de una crisis, argumentando que el plan de mejoramiento está en curso y progresando según lo previsto. Aseguró que no existe riesgo de intervención y que las medidas cautelares de la Supersalud solo buscan fortalecer las acciones para garantizar la prestación adecuada de los servicios de salud, mediante la implementación de un plan de acción inmediato.

No obstante, Molina insiste en que la situación es grave y que el hospital está al borde de una intervención, lo que podría poner en riesgo la vida de los magdalenenses. 

Ante esta crisis, la exdiputada exigió acciones concretas tanto del nuevo gobierno departamental como de las autoridades nacionales.