Testigo reclama recompensa, pero aún no se ha surtido el proceso: Gobernación

Luego de que el pasado 15 de septiembre, el gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, anunciara el pago de recompensa de hasta 25 millones de pesos por la valiosa información que testigos claves del hecho pudieran dar sobre el siniestro ocurrido el 13 de septiembre, en el que murieron 6 personas en Gaira, un hombre, Arturo Creus Maestre, decidió colaborar con la justicia.

Este hombre, durante la madrugada del accidente, pasaba por ese lugar en su motocicleta y logró presenciar lo sucedido, e incluso trató de auxiliar a las personas heridas. Por eso, cuando se enteró de la recompensa, hizo las gestiones para entrevistarse con el gobernador y la alcaldesa, pero también para seguir las instrucciones para rendir testimonio y reclamar su recompensa.

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Efectivamente, Maestre acudió a la Unidad de la Policía Judicial de la Policía Metropolitana de Santa Marta para ser entrevistado sobre lo que vio. Y, varios días después, el 21 de septiembre, se volvió a reunir en la Gobernación.

Sin embargo, en ese segundo encuentro, el testigo se encontró con novedades que no se esperaba: primero, que la recompensa sería repartida proporcionalmente entre los testigos que se presentaran y, segundo, que también se valoraría su colaboración para el pago de la recompensa, previa reunión del Comité Territorial de Orden Público, que es el que decide sobre estos casos.

Fue por eso por lo que, cuando aún no habían pasado ni siquiera dos semanas del anuncio del gobernador, el testigo, apoyado por una abogada, interpuso una solicitud a la Gobernación para reclamar el pago de la recompensa, al sentir que se estaba “evadiendo el pago de la recompensa”.

Incluso, la abogada del testigo manifestó que su apoderado temía por su seguridad y había tenido que “refugiarse en una finca” de un familiar, por lo que no podía trabajar.

“El Gobernador no es quien define el pago de la recompensa”

Ante esta situación, Seguimiento.co conversó con el secretario jurídico de la Gobernación del Magdalena, José Humberto Torres, quien hizo algunas precisiones sobre esta situación que se viene presentando con el reclamante.

La primera precisión es que sobre este tema no interviene el gobernador del Magdalena, es decir, no es una decisión de Carlos Caicedo si se entrega la recompensa, sino del Comité Territorial de Orden Público, el cual es convocado y en el que se estudia la “utilidad probatoria de la versión de quien testificó”.

Una vez que se haga este análisis -el cual no se ha llevado a cabo aún- “(el comité) decide si se accede o no a dar la recompensa y, en caso de ser así, (define) el monto”.

Torres llamó la atención sobre el poco tiempo que ha transcurrido entre el testimonio brindado por el testigo y la solicitud allegada para reclamar el pago de los 25 millones de pesos de la recompensa anunciada.

Además, frente a los temas mencionados por su abogada, sobre un presunto riesgo de seguridad, el secretario jurídico aseguró que “el señor Arturo renunció voluntariamente a ser incluido en el programa de protección a testigos intervinientes en el proceso penal que dirige la Fiscalía. Tampoco quiso que la Gobernación le diera la protección transitoria o temporal que se da en estos casos”.

“Desde el primer día la Gobernación, a través del equipo de asistencia psicosocial de la oficina de Víctimas ha estado atendiendo en consulta al señor, de lo cual se tienen los soportes de las consultas realizadas por los psicólogos que lo han atendido”, agregó.